martes, 21 de marzo de 2017

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2016): COSTA RICA EN EL PUESTO 66



El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha dado a conocer los resultados de su medición anual en materia de Desarrollo Humano (Índice de Desarrollo Humano - IDH) para el 2016, ubicando a Costa Rica en el puesto 66 (véase, de las pocas editadas en Costa Rica, esta nota de prensa de Elpais.cr).

El IDH en breve

El IDH es un indicador desarrollado por Naciones Unidas desde varias décadas, que clasifica anualmente a los Estados con base en información proporcionada por los mismos Estados. El Informe Global 2016 sobre el IDH (véase texto completo del informe) precisa la metodología y la clasificación obtenida en el 2016. Se lee en esta nota oficial del PNUD que:

"El IDH se creó para hacer hincapié en que las personas y sus capacidades —y no el crecimiento económico por sí solo— deben ser el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país. El IDH índice también puede usarse para cuestionar las decisiones normativas nacionales, comparando cómo dos países con el mismo nivel de ingreso nacional bruto (INB) per cápita obtienen resultados diferentes en materia de desarrollo humano. Estos contrastes pueden impulsar el debate sobre las prioridades normativas de los gobiernos".

La casilla correspondiente al IDH de Costa Rica medido en el 2016 se puede accesar en este enlace oficial del PNUD: en ella, se desglosa el IDH con los diversos valores numéricos usados para cada una de las variables. Nótese en este desglose que el único valor que no fue asignado fue el de pobreza, con un rubro que se mantiene con la indicación "n.a /not available".

La evolución de Costa Rica en materia de IDH

En el 2015, Costa Rica ostentaba la posición 69 a nivel mundial, según se desprende del Informe IDH 2015 (véase texto). La desmejorada posición para el 2016 puede también ser comparada al IDH de Costa Rica en el año 2003, año en el que Costa Rica ostentaba la posición 42 a nivel mundial. Desde el año 2006, el descenso de Costa Rica ha sido significativo. En el 2011, cayó al puesto más bajo en su historia, el puesto 69, lo cual puede plantear algunas interrogantes sobre los efectos, en materia social, de la gestión de la administración del Presidente Oscar Arias Sánchez (2006-2010). Al haberse mantenido en el 2014 con un IDH en la posición 68, las interrogantes son mayores, al no haber logrado la administración de la Presidenta Laura Chinchilla (2010-2014) mejorar sustancialmente el IDH de Costa Rica: en el 2015, Costa Rica volvió a ocupar la posición 69.

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (Costa Rica)

•2003-----------Puesto 42 a nivel mundial

•2004----------- Puesto 45 a nivel mundial

•2005----------47

•2006----------48

•2007----------48

•2008----------50

•2009----------54

•2010----------62

•2011----------69

(Fuente: Informe Estado de la Nación / PNUD. Informe EdN, XVIII (2012), p. 363. Cabe señalar que en las últimas ediciones del Estado de la Nación, por alguna razón que desconocemos, ya no se incluye en sus listas de indicadores el IDH desarrollado por el PNUD como tal).

El IDH (2016) en el resto de América Latina

En América Latina, mientras que Chile permanece con el puesto más alto (39), Haití se mantiene como el último Estado de América Latina, con el puesto 163.

De manera a comparar el puesto 66 de Costa Rica con el de otros Estados de América Latina, el Informe Global IDH (2016) indica lo siguiente: Argentina se sitúa en el puesto 45, Bolivia en el 118, Colombia en el 95, Cuba en el puesto 68, Ecuador en la posición 89, México en la 77, Perú se ubica en la posición 87, República Dominicana en la 99, Uruguay en la 54 y Venezuela en el puesto 71. Una comparación con el Informe IDH 2015 (véase texto), el Informe IDH 2014 (véase texto) y el Informe IDH 2013 (véase texto) permite apreciar quiénes progresan y quiénes no, y quiénes se estancan.

Para el 2016, en América Central, Belize se sitúa en la posición 103, El Salvador en el puesto 117, mientras Nicaragua en el puesto 124, Guatemala en el 125 y Honduras en el 130. Panamá lidera a los Estados de Mesoamérica en el puesto 60.



Foto extraída de artículo de CRHoy del 2012 titulado "20% de las familias pobres apenas concentró el 4,2% del total de ingreso de los hogares"

El irresuelto problema de la desigualdad social

Es de notar que Costa Rica es uno de los Estados de América Latina en los que la desigualdad ha crecido en mayor proporción, así como en República Dominicana. En este estudio de la Comisión Económica para América Central (CEPAL) del 2015, se lee que: "Los cambios en los indicadores de desigualdad de la región han ocurrido de manera gradual y son apenas perceptibles en las variaciones interanuales, pero resultan evidentes al comparar períodos más largos. Durante el período 2002-2013, en 15 de los 17 países considerados se evidencian mejoras distributivas, reflejadas en la disminución del índice de Gini (véase el gráfico I.1). Las excepciones son Costa Rica y República Dominicana, cuyos índices de Gini son superiores en 2013 que en 2002" (p. 14).

Al ser considerada América Latina la región más desigual del mundo, figurar en posiciones tan destacadas debiera interpelar a muchos sobre el modelo económico actualmente en voga en Costa Rica y en otros Estados de la región: no cabe duda que es un modelo que genera una abundante riqueza, la cual tiende a concentrarse cada vez mas en menos sectores, mientras los índices de mayor pobreza siguen aumentando. La tendencia es confirmada en el último panorama social de América Latina publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (véase estudio).

Un indicador como el coeficiente Gini que mide la desigualdad social advierte que, en el caso de Costa Rica, pasó de 0,485 en el 2005 a 0,524 (2013): en este mismo 2013, un artículo de prensa se tituló "Costa Rica ya es modelo de desigualdad social en América Latina". En el precitado documento de la CEPAL publicado en el 2014 (véase documento), los dos gráficos sobre índices de desigualdad (el Gini y el Theil en la página 100) evidencian lo anómalo de la situación de Costa Rica en comparación al resto de América Latina. En otro acápite del mismo estudio sobre el indice de bipolarización en la distribución del ingreso (índice de Wolfson) se lee que:

"En cuanto a la evolución del índice, en el gráfico II.4 se constata que la bipolarización del ingreso disminuyó en 15 de 18 países entre 2004 y 2012, mientras que aumentó solo en tres países (Costa Rica, el Paraguay y Guatemala)".

Se ha intentado revisar un gráfico reciente sobre la progresión del coeficiente Gini en Costa Rica con relación al resto de América Latina en los últimos 10 años, sin éxito a la fecha (agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores el hacernos llegar alguna publicación digital que lo contenga). Posiblemente este gráfico arroje algunos datos que puedan explicar este notable declive del IDH en Costa Rica durante ese período mientras que otros Estados progresan en materia de Desarrollo Humano. El desmejoramiento de la calidad de los servicios públicos, también puede estar influyendo en esta medición en la que Costa Rica se ve superada por ocho Estados de América Latina y del Caribe con respecto al IDH en este último ejercicio correspondiente al 2016.

De otros indicadores preocupantes

En una materia como la ambiental, en la que Costa Rica figura en diversos foros internacionales como un Estado a la vanguardia, un indicador desarrollado por dos universidades norteamericanas (indicador EPI) arrojó en el 2014 un vertiginoso descenso de Costa Rica, pasando del puesto 5 al puesto 54 (véase nota en este mismo sitio). Los investigadores norteamericanos consideraron oportuno elaborar una nota sobre Costa Rica a raíz de algunas declaraciones oficiales de Costa Rica cuestionando la metodología EPI (véase nota).

Posiblemente relacionado con el tipo de partículas que circulan en el aire que respiran a diario los costarricenses, en particular los habitantes de la Gran Area Metropolitana (GAM), este dato se leyó en un reciente artículo en temas de salud: "Cerca de un 12% de la población costarricense padece de asma, de acuerdo con la Iniciativa Global para el Manejo del Asma, en tanto que con un 32%, Costa Rica es el país con mayor prevalencia de asma en niños en América Latina".

En un ámbito muy distinto, este otro gráfico extraído de un informe del 2014 del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de Costa Rica (órgano técnico adscrito a la Defensoría de los Habitantes) ilustra otra progresión que debería de haber interpelado a los decisores políticos costarricenses desde hace muchos años: el aumento vertiginoso de la tasa de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en Costa Rica.


Estos (así como muchos otros datos) permiten evidenciar el notable deterioro del clima social, de la calidad de vida, de la salud, consecuencia lógica de advertencias tan sostenidas como recurrentes de los diversos instrumentos de medición en materia social en Costa Rica.

De algunas iniciativas privadas recientes

Con respecto a estos últimos, resulta oportuno indicar que desde Costa Rica, en el 2013, una alianza entre una entidad como el INCAE Business School y las universidades Oxford y de Harvard (con el generoso apoyo de la Fundación Rockefeller, la Pratham Education Foundation, y la empresa Deloitte) propusó una nueva forma de medir el desarrollo social, con la creación del Indice de Progreso Social (véase nota del INCAE). Se puede consultar la plataforma del Social Progress Index en este enlace. No se ha podido conocer cuáles son las deficiencias detectadas en el IDH que elabora el PNUD por parte del INCAE y de sus socios anglosajones para proceder a crear una nueva metodología de medición, en la que, como era previsible, Costa Rica aparece en una posición privilegiada en América Latina.

De igual forma, el reciente creado Indice de Felicidad (Happy Planet Index), otorga a Costa Rica una envidiable posición como uno de los países "más felices" del mundo.

Es de notar que estas y algunas otras iniciativas de índole privado encuentran mayor eco en los medios de prensa que la medición del IDH elaborada por el PNUD.

A modo de conclusión: la persistente pertinencia del IDH en Costa Rica

Jugar con variables, datos y metodologías para reflejar de la manera más precisa la realidad social constituye siempre un desafiante ejercicio. Con relación a la metodología utilizada para establecer el IDH, es posiblemente perfectible, y podría incluso ser mejorada en el futuro. En el 2014, el economista costarricense Pablo Sauma discutió y analizó algunos aspectos metodológicos relativos al IDH, concluyendo su artículo de opinión publicado en La Nación en los siguientes términos: "En cualquier caso, se concluye que el IDH sigue siendo un indicador importante para comprender la situación del desarrollo a nivel mundial y de Costa Rica en particular, y que con una perspectiva de mediano y largo plazo se confirma que como país hemos perdido impulso en el avance hacia el logro de mayores niveles de desarrollo, por lo que debemos realizar esfuerzos renovados en las dimensiones consideradas, especialmente en educación".

La posición 66 obtenida por Costa Rica en año 2016, precedida por la posición 69 para el 2015, confirman ambas que, además de haber perdido impulso, los esfuerzos de sus autoridades no han (aún) logrado extraer a Costa Rica de las posiciones en las que la administración (2006-2010) concluyó su ejercicio gubernamental.

jueves, 9 de marzo de 2017

NACE EN COSTA RICA PRIMERA NIÑA CON TÉCNICA DE FECUNDACiÓN IN VITRO DESDE PROHIBICIÓN EN EL AÑO 2000



Nace en Costa Rica primera niña con técnica de fecundación in vitro desde prohibición en el año 2000



El pasado 8 de marzo del 2017 nació en Costa Rica la primera niña gracias a la técnica de la Fecundación in Vitro (FIV) (véase nota de Elpais.cr y nota de La Nación).

Se trata del primer nacimiento oficialmente registrado en Costa Rica posterior al fallo del 28 de noviembre del 2012 (véase texto) en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a Costa Rica reestablecer algún tipo de regulación, que había anulado una cuestionada decisión de la Sala Constitucional en el año 2000 (véase nota del 21 de diciembre del 2012). Cabe recordar que el primer bebé que fue fecundado in vitro en Costa Rica nació en octubre del 1995 (véase documental sobre la vida de este primer costarricense fecundado mediante esta técnica de reproducción asistida, disponible aquí).

La FIV ante un Estado costarricense reiteradamente renuente

Leída y notificada la sentencia del juez interamericano en diciembre del 2012, Costa Rica se mantuvo un primer año sin acatarla (véase nota de El País de España), y un segundo en similar situación. En total, transcurrieron más de dos años y medio sin que las autoridades acataran lo dispuesto en la sentencia. No fue sino hasta que la Corte Interamericana validara el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S (adoptado por el Poder Ejecutivo en setiembre del 2015), que se reestableció el marco legal, con ocasión de una nueva sentencia sobre ejecución del fallo del 2012, la cual fue dictaminada a finales del mes de febrero del 2016.

Resulta oportuno precisar que este Decreto adoptado por el Poder Ejecutivo en setiembre del 2015 fue antecedido por un artículo de opinión de uno de los abogados de las víctimas, Hubert May: el autor hacía ver que, ante el bloqueo existente en la Sala Constitucional y el juego político imperante en la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo costarricense estaba plenamente facultado para remediar la situación de vacío legal persistente (véase artículo titulado " El deber de cumplimiento de la sentencia sobre la FIV", La Nación, 31 de agosto del 2015).

Es posiblemente la primera vez en su historia que el Estado costarricense, usualmente activo defensor del derecho internacional, de la justicia internacional y de los derechos humanos en diversos foros internacionales, se coloca en una situación tan incómoda desde la perspectiva del derecho internacional. Una actitud de la que, posiblemente, hayan tomado nota no solamente los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, sino la misma comunidad internacional de los derechos humanos, observadores y los demás integrantes de la comunidad internacional como tal.

A lo largo de este extenuante proceso iniciado en el 2001 contra el Estado costarricense por parte de nueve parejas costarricenses ante los órganos del sistema interamericano, muchos elementos y detalles confirman la percepción de un Estado cuyos principales poderes (sea el Ejecutivo, sea el Legislativo, sea el Judicial), se mostraron muy receptivos a los sectores opuestos a la FIV (y poco receptivos al clamor de las víctimas). En la recta final de este interminable recorrido, fue el Poder Ejecutivo el que buscó garantizar los derechos conculcados por el Poder Judicial, una situación a todas luces inédita.

Breves apuntes sobre el "diálogo" entre el juez nacional y el juez interamericano

Con respecto al Poder Judicial, vale la pena traer a la memoria un llamativo episodio que se dió entre el juez constitucional costarricense y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: en octubre del 2015, la Sala Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad contra el precitado Decreto Ejecutivo que pretendía regular la FIV, y ello pese a que el mismo tema estuviese bajo estudio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta cuestionable decisión se tomó en una cerrada votación (4/3) en la Sala Constitucional, motivando a su Presidente, el jurista Gilbert Armijo, a acogerse a su jubilación (ver nota de La Nación).

En su sentencia 2016-001692 del 3 de febrero del 2016, luego de un debate al parecer intenso en su interno (Nota 1), la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo, decisión que fue notificada a la Corte Interamericana el 11 de febrero.

El 26 de febrero del 2016, el juez interamericano confirmaría la plena validez de dicho Decreto Ejecutivo (véase sentencia sobre cumplimiento del 26 de febrero del 2016), no sin antes recordarle a la Sala Constitucional algunas verdades incómodas (párrafos 12 y 20).

De interés resulta precisar que el 18 de enero del 2016, la Comisión Interamericana optó por remitir un nuevo caso de seis parejas costarricenses a la Corte Interamericana (véase al respecto carta de remisión del caso No. 12.798 oficialmente denominado " Gómez Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica)". Este caso se resolvió mediante un arreglo amistoso suscrito el 4 de agosto del 2016 entre las víctimas y Costa Rica, homologado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 29 de noviembre del 2016). En el punto 6 de la parte resolutiva (p.18) se fija el 11 de setiembre del 2017 como fecha en la que las entidades a cargo de la salud pública deben cumplir con una serie de exigencias en vistas de garantizar un acceso efectivo a la FIV.

Una inclaudicable tenacidad de las víctimas

Desde el 2001, fue la perseverancia de nueve parejas costarricenses (y la de sus abogados) la que logró finalmente obligar al Estado a reestablecer un marco legal para la práctiva de la FIV en Costa Rica.

A ese respecto, cabe recordar que ante los señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en aras de evitar una condena por parte de la Corte Interamericana, los primeros esfuerzos para adoptar una ley datan tan solo de octubre del 2010: se indicó en el 2010 que la elaboración de lo que posiblemente sea el primer proyecto de ley para regular la FIV recayó en funcionarios de la misma Cancillería costarricense. Se lee en esta nota de AlDia del 21 de octubre del 2010 que: "El embajador de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Enrique Castillo, que lideró el proceso de elaboración del proyecto de ley, dijo en rueda de prensa que esta “es una solución de Costa Rica para Costa Rica; hecha tomando en cuenta la idiosincrasia de nuestro país”, afirmó. Castillo señaló a Acan-Efe que la prohibición de manipulación de embriones y óvulos fecundados obedece a que la ley costarricense “protege la vida humana desde antes del nacimiento”. No se tiene claridad sobre el punto de saber si este primer proyecto fue debidamente consultado con entidades médicas de Costa Rica, ni quiénes fueron los especialistas que lo elaboraron.

Finalizado el plazo otorgado a Costa Rica, la Comisión decidiría finalmente remitir el caso a la Corte en julio del 2011 (véase carta remitida a la Corte Interamericana con fecha del 29 de julio del 2011). En mayo del 2012, quedaría electo como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo el diputado Justo Orozco (véase nota de La Nación), confirmándose la hábil estrategia de influyentes sectores opuestos a una regulación de la FIV en Costa Rica.

De manera a apreciar el tiempo transcurrido desde la presentación de una petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero del 2001, remitimos al lector a la ficha técnica del caso oficialmente denominado "Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica". En el 2010, Grettel Artavia fue declarada personaje del año por La Nación (véase entrevista disponible aquí).

"Siento que los años se me van de las manos": son palabras de Grettel Artavia extraídas de esta entrevista que traducen bien la lancinante angustia de las mujeres afectadas (y la de sus parejas) por la falta de regulación de la FIV ante el inexorable paso del tiempo. De manera a conocer a tres de estas perseverantes parejas, remitimos al lector a un detallado documental, "El deseo más grande", el cual se estrenó en Costa Rica en un canal universitario (Canal 15 UCR) en agosto del 2015 (véase extractos).

Nos permitimos reproducir los nombres de las víctimas, tal como aparecen oficialmente registrados en el sitio de la Corte Interamericana, en honor a esta ejemplar tenacidad y profunda confianza en el derecho internacional que demostraron, y ello pese (en el caso de varias parejas) a los largos años de espera que les significaron abandonar su proyecto de procrear de manera artificial: Grettel Artavia Murillo, Miguel Mejías Carballo, Andrea Bianchi Bruna, Germán Alberto Moreno Valencia, Ana Cristina Castillo León, Enrique Acuña Cartín, Ileana Henchoz Bolaños, Miguel Antonio Yamuni Zeledón, Claudia María Carro Maklouf, Víktor Hugo Sanabria León, Karen Espinoza Vindas, Héctor Jiménez Acuña, María del Socorro Calderón Porras, Joaquinita Arroyo Fonseca, Geovanni Antonio Vega Cordero, Carlos Eduardo de Jesús Vargas Solórzano, Julieta González Ledezma y Oriéster Rojas Carranza.

Una estrategia riesgosa del Estado ante los órganos interamericanos

Cabe indicar que las autoridades de Costa Rica presentaron varias excepciones preliminares con la finalidad de evitar a toda costa que los órganos del sistema interamericano se pronunciaran sobre el fondo del asunto: como ya tuvimos la oportunidad de indicarlo en una reciente nota sobre otro caso aún pendiente de resolución ante el juez interamericano contra Costa Rica, "...el recurso a esta figura legal debiera ser siempre objeto de una cuidadosa valoración por parte de los Estados: intentar evitar que la justicia internacional se pronuncie no siempre es bien percibido por parte del juez internacional, puede incluso llegar a indisponerlo" (Nota 2).

Nótese que, al momento de redactar estas breves líneas, las entidades públicas de salud de Costa Rica aún no disponen ni de especialistas ni de la infraestructura necesaria: desde el mes de diciembre del 2012, sus jerarcas no parecieran haber tomado las previsiones del caso, por lo que son clínicas privadas las que, hasta el momento, están autorizadas para ofrecer este servicio a parejas que lo soliciten. Se prevé, según algunas declaraciones dadas en la prensa por personeros de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que el sistema de salud pública costarricense podría ofrecerlo en el 2018. En la precitada nota de La Nación se lee por parte de uno de los abogados que llevó este caso ante las instancias interamericanas que: "Solo estamos a la espera de que la Caja cumpla".

A modo de conclusión

Externamos a los orgullosos padres de María José nuestras más sinceras felicitaciones, esperando que otras parejas costarricenses que quieran procrear mediante el recurso a esta técnica asistida logren prontamente realizar sus anhelos más preciados. Estos fueron pospuestos en Costa Rica para muchas otras parejas, y ello durante más de 16 años, en razón de una sentencia dictaminada en marzo del año 2000 por cinco magistrados constitucionales contra el criterio de dos de sus colegas, siendo una de las dos valientes voces disonantes, la de la única mujer integrante del máximo órgano constitucional, la magistrada Ana Virginia Calzada.



--Notas--

Nota 1: Se lee al final de esta decisión de la Sala Constitucional que: "Los Magistrados Jinesta Lobo y Hernández López salvan el voto y rechazan de plano la acción planteada por considerar que la Sala Constitucional no tiene competencia para pronunciarse sobre el mismo objeto procesal, que pende simultáneamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros, en razón de la audiencia de supervisión de cumplimiento convocada al efecto, y hasta tanto ese tribunal no emita pronunciamiento. Lo anterior con el fin de preservar la integridad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del cual nuestro país forma parte. El Magistrado Cruz Castro expone razones adicionales y se separa del voto de mayoría respecto del dimensionamiento, manteniendo vigente el Decreto Ejecutivo objeto de esta acción, hasta tanto el Parlamento apruebe la ley de fecundación in vitro. Los Magistrados Rueda Leal y Hernández Gutiérrez ponen notas separadas" (véase voto 2016-001692 del 3 de febrero del 2016).

Nota 2: Véase nuestra breve nota BOEGLIN N.,"Caso Manfred Amrhein y otros vs Costa Rica: Costa Rica presenta excepciones preliminares", Debate Global, edición del 24/02/2017, disponible aquí.



miércoles, 8 de marzo de 2017

MEXICO RECURRE A ARBITRAJE DE LA OMC (WTO) POR CESE DE IMPORTACIONES DE AGUACATE MEXICANO A COSTA RICA

Tal y como anunciado un año atrás (véase nota de prensa), México ha iniciado hoy formalmente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC, más conocida por sus siglas en ingles de WTO) una solicitud de arbitraje comercial, debido a la imposibilidad de exportar hacia Costa Rica una variedad de aguacate producida en suelo mexicano (véase nota de El Universal).

Pese a diversas reuniones bilaterales para encontrar una salida entre ambos Estados, desde que Costa Rica suspendió la importación de esta variedad de aguacate en el 2015, México ha optado por dar por finalizados los intentos de sus equipos negociadores. La medida fitosanitaria tomada por Costa Rica es considerada por México como violatoria a las reglas que imperan en el comercio internacional, y por ello ha acudido al sistema de solución de controversias establecido por la OMC, el cual establece un mecanismo de páneles y un órgano de apelación (véase sitio oficial en el que se explica el funcionamiento de estos órganos).

En una publicación oficial del Ministerio de Economía de Costa Rica, se concluye que: "... corresponde a las autoridades nacionales sustentar mediante el estudio de análisis de riesgo de introducción de la plaga (ARP), para fundamentar la medida fitosanitaria. Si este estudio no sustenta apropiadamente la restricción fitosanitaria, se deberá eliminar dicha restricción en forma inmediata" (p. 25).

En una nota posterior al anuncio oficial hecho por México, se informa de una extraña sugerencia del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX), denotando, como ya ha ocurrido en el pasado, ser una entidad del Estado costarricense distante con la defensa de los intereses del Estado al que pertenece (veáse nota de La Nación). Al iniciarse la discusión en Costa Rica en el 2015, COMEX se había claramente desmarcado de los Ministerios de Argicultura (MAG) y de Economía (MEIC), argumentando en favor de las empresas comercializadoras del aguacate (véase nota de CRHoy). Estas últimas vaticinaron un desabastecimiento del producto en Costa Rica que afectaría directamente al consumidor (véase nota de La Nación), algo que nunca ocurrió.

PERÚ PROTESTA Y LLAMA A CONSULTA SU EMBAJADOR ANTE DECLARACIONES OFICIALES DE AUTORIDADES DE VENEZUELA

El pasado Lunes 6 de marzo, Perú entregó al Embajador de Venezuela en Lima una nota de protesta en razón de las declaraciones oficiales sobre el Pesidente peruano por parte del Presidente de Venezuela y la Canciller venezolana. Esta última fue particularmente vehemente, recurriendo a un lenguaje raramente oído en América Latina por parte de una persona ejerciendo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores (véase nota de El Universo).

EL comunicado de prensa (ver texto) indica que:"En la fecha, el Director General de América del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Hugo De Zela, convocó al Embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Diego Alfredo Molero Bellavia, con el fin de hacerle entrega de la Nota de Protesta mediante la cual el Gobierno del Perú manifiesta su más enérgico y absoluto rechazo a las expresiones insolentes formuladas por el Presidente de la República y la Ministra de Relaciones Exteriores de ese país sobre el señor Presidente de la República del Perú". Como muestra de rechazo a tal situación, el Gobierno del Perú ha llamado en consulta al Embajador del Perú en la República Bolivariana de Venezuela".

En la nota remitida por las autoridades diplomáticas peruanas al representante de Venezuela en Lima (Nota RE-DGA Num.6-24-16, véase texto), Perú considera estas declaraciones "inaceptables entre dos Estados que mantienen relaciones diplomáticas".

En una nota anterior sobre las primeras reacciones oficiales en América Latina a la elección de Donald Trump en los Estados Unidos (véase nota en este mismo sitio del 9/11/2016), habíamos concluído que: "Como dato de interés, el primer encuentro internacional sostenido por Donald Trump como Presidente electo fue con el Primer Ministro de Japón quién, fue a visitarlo en Estados Unidos menos de diez días después de las elecciones (ver nota de prensa del 17/11/2016). Dejamos a nuestros estimables lectores vaticinar cuál será el primer Jefe de Estado de América Latina en proceder de una manera similar en las próximas semanas". A diferencia de lo que pretendieron vaticinar algunos de nuestros asiduos lectores colombianos, hondureños, panameños y paraguayos, fue el Presidente de Perú el primer Jefe de Estado de América Latina en viajar a Washington para estrechar sus manos con las del nuevo ocupante de la Casa Blanca.

martes, 7 de marzo de 2017

LA REGRESION AMBIENTAL DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE COSTA RICA



La regresión ambiental de la Sala Constitucional de Costa Rica



En una reciente decisión de la Sala Constitucional relacionada al acueducto Coco Ocotal, más conocido como Sardinal, objeto de algunas pocas notas en medios de prensa nacionales (véase por ejemplo nota de Elpais.cr y nota de CRHoy), se ha podido leer lo siguiente:

"No resulta posible extraer del texto fundamental y de los instrumentos de Derechos Humanos un supuesto derecho a la participación que rija de manera incondicional para la adopción de cualquier o toda decisión administrativa fundamental … no le corresponde a la jurisdicción constitucional, por ser una cuestión de legalidad ordinaria, establecer cuándo se ha infringido un derecho de configuración legal. En razón de lo expuesto, no resulta posible hablar, desde una perspectiva constitucional o convencional, de un derecho perfecto a la participación” (Voto No. 2017- 001163).

Breves apuntes sobre tan extraña descripción valorativa de un derecho

Esta frase sobre el "supuesto" derecho y el carácter "perfecto" de un derecho a la participación plantea muy serias dudas. Se trata de un cambio drástico de la línea jurisprudencial del juez constitucional costarricense, el cual, en númerosas ocasiones, había consagrado como un verdadero derecho humano (y por ende perfecto y sin ningún tipo de suposición), la participación ciudadana en materia ambiental, permitiendo así a las comunidades hacer valer ante el juez constitucional sus derechos ante proyectos con impacto ambiental desarrollados sin ningun tipo de consulta previa.

Tal y como lo expresa el Profesor Alvaro Sagot Rodríguez en un artículo de opinión titulado "Regresión en Derechos Humanos por orden constitucional" publicado el 7/03/2017 (véase texto),

"Lo anterior es una regresión ambiental manifiesta, puesto que si se tenía reconocido con rango de garantía constitucional los derechos humanos de participación he información, tenemos que al decirse que no existe ahora un instrumento internacional, o una norma constitucional de donde emanen, ello se convierte en un error serio por las repercusiones para la ciudadanía, e incluso a nivel internacional nos hace retroceder como Estado defensor de derechos fundamentales. Véase que la confrontación de lo señalado en este voto es diametralmente opuesta a lo que con anterioridad se había dictado y también con el texto de los artículos 9 y 50 constitucionales".

Breves apuntes sobre la redacción de esta decisión del juez constitucional

En esta nota de prensa del Semanario Universidad, se lee que la redacción de la sentencia de la Sala Constitucional fue una tarea en la que participó el magistrado Luis Fernando Salazar en lo atinente al derecho de participación ciudadana : "La resolución fue redactada por el magistrado Paul Rueda, sin embargo, el Considerando 5, en el que se apunta que el principio de participación ciudadana no constituye un derecho fundamental, fue redactado por el magistrado Luis Fernando Salazar. Ese texto consideró el asunto desde “el plano estrictamente administrativo”, según el cual, el “principio de participación” debe ser desarrollado “de manera paula- tina y según la materia y sector”, pues considera que no toda decisión administrativa debe estar precedida por un proceso de participación ciudadana, ya que ello “ralentizaría la gestión administrativa”. Esta decisión de la Sala Constitucional se tomó por 5 a 2, con una nota suscrita por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda que reiteran el carácter constitucional de la participación ciudadana "como un claro y legítimo derecho fundamental".

Una regresión jurisprudencial de la Sala Constitucional de Costa Rica

Con esta extraña decisión, la Sala Constitucional vuelve aún más vulnerables a las comunidades costarricenses ante proyectos que puedan impactarlas desde el punto de vista ambiental, y procede a una verdadera y total regresión ambiental con relación a su jurisprudencia anterior (Nota 1). Es de notar que este mismo juez había aceptado en decisiones previas el principio de no regresión en materia ambiental (véase artículo del Profesor Mario Peña Chacón) que define este principio de la siguiente manera:

"Básicamente, el nuevo principio de no regresión enuncia que la normativa y la jurisprudencia no deberían ser revisadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección ambiental alcanzados con anterioridad. Su finalidad es evitar la supresión normativa o la reducción de sus exigencias por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, e implica necesariamente una obligación negativa de no hacer, por lo que el nivel de protección ambiental ya alcanzado debe ser respetado, no disminuido sino más bien incrementado" (Nota 2).

Para la Federación de Entidades Ecologistas de Costa Rica (FECON) se trata del mayor retroceso jamás registrado en materia de participación ciudadana (véase comunicado oficial).

Sobre la aplicación del principio de no regresión ambiental en América Latina, remitimos al lector a una muy reciente obra editada por el Profesor Mario Peña Chacón y publicada bajo los auspicios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), "El Principio de No Regresión Ambiental en Iberoamérica", 2015 (texto completo disponible aquí).

Unas persisentes entidades del Estado costarricense ahora muy complacidas

Como era de esperar, el Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía se mostró extremadamente complacido con esta decisión de la Sala Constitucional (véase comunicado oficial), en la medida en que esta entidad lleva más de 8 años intentando concluir la construcción de dicho acueducto, y ello pese al criterio encontrado de la comunidad, y, en su momento, de una entidad técnica como el Servicio Nacional de Agua, Riego y Avenamiento (SENARA).

En su momento, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) había solicitado un informe realizado por diversos especialistas de la misma UCR y de la Universidad Nacional (UNA), en el que se documentó la serie de contradicciones entre entidades del Estado costarricense con relación a este polémico proyecto (véase informe final de noviembre del 2009).

La Sala Constitucional tampoco escapó del todo a las contradicciones provocadas por este cuestionado proyecto: fue gracias a un recurso de amparo interpuesto contra la misma Sala que finalmente la comunidad de Sardinal, luego de 15 meses de paciente espera, pudo conocer el voto completo cuyo "por tanto" había sido dado a conocer el 14 de enero del 2009 (véase nota de prensa).

Del veto presidencial (2008) al voto del juez constitucional (2017)

Con relación a la participación ciudadana en materia ambiental, resulta oportuno recordar que la única ley adoptada por el Poder Legislativo objeto de un veto por parte del Poder Ejecutivo durante la administración (2006-2010), fue precisamente el proyecto de ley titulado "Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en Materia Ambiental": este texto fue adoptado por la Asamblea Legislativa el 30 de octubre del 2008, y vetado el 24 de noviembre del 2008 por el Poder Ejecutivo. A propósito de este inusual veto, tuvimos la oportunidad de indicar, unos días antes de que se materializara en Casa Presidencial (véase artículo publicado en La Nación con fecha del 13 de noviembre del 2008) que:

"Actividades que contaminan tomas de agua superficiales que abastecen a Santo Domingo, empresas piñeras que tienen a más de 6.000 personas tomando agua de cisternas en la región de Siquirres desde hace más de un año, proyectos cuyos efectos se sienten hoy en Escazú cada vez que llega un aguacero o los que están peligrosamente afectando el litoral del Pacífico (Jacó, Tamarindo) son tan solo algunas muestras de que, pese a innumerables leyes existentes, a instituciones ambientales nacionales y a los controles que ejercen las autoridades municipales, se requiere, sin más preludio, consolidar mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental. Esta ley fue aprobada por la inmensa mayoría de diputados el pasado 30 de octubre. De ser vetada por el Poder Ejecutivo, este enviaría un mensaje aún más equívoco al mundo sobre su iniciativa de Paz con la Naturaleza".

A modo de conclusión

No cabe duda que el mensaje enviado con ocasión de aquel veto presidencial por las autoridades de Costa Rica al mundo en el 2008 fue equívoco. Con este voto del 2017 de la Sala Constitucional de Costa Rica, el "clima de negocios" (Nota 3) que había llegado a oídos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2012 ante un burdo intento de separar al Magistrado Fernando Cruz (véase nota de CRHoy) pareciera asentarse más en el seno del órgano constitucional. Esta vez, con mayor fuerza y constituyéndose en un grave retroceso jurisprudencial: como todo retroceso, en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos costarricenses y de la protección del ambiente que tutela el mismo texto constitucional.



----Notas----

Nota 1: En un reciente artículo del Profesor Alvaro Sagot Rodríguez, se define la no regresión en materia ambiental de la siguiente manera: " "El principio de no regresión en materia ambiental es aquel que genera un blindaje a nuestro Ordenamiento Jurídico para no permitir que se hagan nuevas normas, o interpretaciones de las mismas, que conlleven a tener retrocesos de los logros alcanzados en protección de la biodiversidad y derechos asociados a su tutela. Este novedoso norte del moderno derecho al desarrollo sustentable implica en la práctica la imposición de una coraza protectora, por medio de la cual no se permite a los funcionarios públicos, o a los operadores de justicia, hacer más laxo el derecho que nos rige; salvo que se trate de situaciones que mejoren integral y sustancialmente los diques alcanzados (véase SAGOT RODRÍGUEZ A., "(In) justificaciones constitucionales que han permitido regresiones ambientales", primera página, artículo disponible aquí.).



Nota 2: Véase PEÑA CHACÓN M., "La Ley Orgánica del Ambiente y el principio de no regresión", página 10, artículo disponible aquí.



Nota 3: Esta expresión fue usada por parte del jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) para justificar en noviembre del 2012, la maniobra tendiente a evitar la reelección del Magistrado Fernando Cruz en la Sala Constitucional (véase nota del Semanario Universidad). Este intento fracasó, y dió pié para una movilización raramente vista del gremio judicial y expresiones de solidaridad tanto nacional como internacional, apoyando al Magistrado Fernando Cruz. Cabe recordar también que presiones políticas dentro de las entidades públicas del Estado costarricense tendientes a favorecer megaproyectos y a hacer a un lado la legislación ambiental vigente se dieron durante la addministración (2006-2010): en particular en el seno de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), la cual fue “intervenida” por el Ministro de la Competitividad, un cargo creado para aplicar un “bisturí” a dicha entidad técnica ambiental (ver nota de El Financiero de noviembre del 2007).

miércoles, 1 de marzo de 2017

A UN AÑO DEL ASESINATO DE BERTA CÁCERES EN HONDURAS: UNA IMPUNIDAD CAMPANTE

Foto extraída de nota de prensa titulada "Presuntos asesinos de Berta Cáceres pertenecían a inteligencia militar de Honduras: The Guardian"

A un año del asesinato de Berta Cáceres en Honduras: una impunidad campante

Al conmemorarse el pasado 3 de marzo un año de la muerte de la lider indígena hondureña Berta Cáceres, las ONG hondureñas e internacionales reclaman que se haga justicia y que se ponga fín a la impunidad rampante que rodea este asesinato (véase nota de prensa de El Heraldo). En igual sentido se pronunció el representante de Naciones Unidas en Honduras (véase comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas).

Al momento, los órganos de la justicia hondureña han enfocado sus labores de manera muy cuestionable, en aras de identificar a los autores materiales del asesinato, sin interesarse mayormente por los comanditarios de esta violenta acción en contra de esta renombrada líder ecologista. Un artículo publicado en mayo del 2016 en El Pais (España) suscrito por Jan Martínez Ahrens señalaba claramente a los autores intelectuales de este crímen (véase artículo), mientras que un artículo más reciente editado en The Guardian precisa el tipo de entrenamiento militar recibido por los ejecutores del mismo (véase artículo).

Por su parte, Amnistía Internacional ha calificado recientemente de "vergonzosa" la supuesta "investigación" realizada por las autoridades hondureñas (véase comunicado). Medios de prensa, en mayo del 2016, señalaban como co-responsables a la cúpula empresarial y militar hondureña (véase artículo del Semanario Universidad). Por su parte la ONG GlobalWitness ha publicado un revelador informe sobre la alarmante situación de los defensores de derechos humanos en Honduras (véase pp. 13-16 las conclusiones a las que llega sobre la muerte de Berta Cáceres).

Este caso ha sido seguido de muy cerca desde Costa Rica, al tratarse de una activista hondureña que dirigía una ONG (el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras -COPINH) muy cercana a las organizaciones ecologistas de Costa Rica. En las primeras horas del mismo 3 de marzo del 2016, se supo incluso que desde Costa Rica, las ONG realizaron gestiones directas con la Embajada de México en Tegucigalpa y con las autoridades diplomáticas costarricenses, con el fin de proteger la vida del único testigo de este asesinato. Leemos en esta nota del Semanario Universidad que: "Mauricio Álvarez, presidente de esa organización, en horas de la tarde informó que se habían sostenido contactos extraoficiales con Presidencia y la Cancillería, con el fin de que el caso “sea atendido al más alto nivel e inmediato, pues se trata de salvar la vida de Gustavo Castro”. El mismo reportaje del Semanario Universidad refiere también a la actitud extremadamente temerosa del jefe de la diplomacia costarricense, de la que muchas entidades sociales y observadores, tanto en Costa Rica como en el exterior, tomaron nota.

Un sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado

Pese a haber sido galardonada con el prestigioso Premio Goldman en el 2015 (véase discurso de Berta Cáceres al recibirlo disponible aquí), se consideró que la integridad física y la vida de esta reconocida lider hondureña requerían de medidas adicionales. En efecto, desde varios meses, Berta Cáceres había sido objeto de múltiples amenazas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado a las autoridades de Honduras medidas cautelares para garantizar su protección en el 2015. Cabe notar que desde el 2009 (véase listado de medidas ordenadas a Honduras en el 2009), muchas de estas medidas se habían ordenado en favor de dirigentes sociales objeto de diversas acciones violentas en su contra en Honduras. A poco más de 24 horas de cometido su asesinato, la misma Comisión Interamericana ordenó a Honduras nuevas medidas exigiendo proteger a sus familiares y colaboradores, así como al único testigo ocular de los hechos, el activista mexicano Gustavo Castro:

" V. DECISIÓN 16. En vista de los antecedentes señalados, la CIDH considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno de Honduras que:

a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de COPINH, los familiares de Berta Cáceres y Gustavo Castro. Tomando en consideración la información presentada que indica que el señor Gustavo Castro ha decidido salir del país para salvaguardar su seguridad, la CIDH considera necesario que el Estado tome todas las medidas necesarias para asegurar su seguridad durante todo el proceso para preparar y completar su salida;

b) Adopte las medidas necesarias para que los miembros de COPINH puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos; c) Concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y

d) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición
" (véase texto de las medidas cautelares con fecha del 5 de marzo del 2016).

La profunda desconfianza en las autoridades hondureñas para esclarecer la muerte de Berta Cáceres

Un Estado incapaz de asegurar la debida protección a una activista de tanto renombre nacional e internacional, es un Estado cuya buena fe plantea algunas interrogantes. A raiz de la actitud de las autoridades hondureñas, en mayo del 2016 el banco holandés FMO optó por suspender sus aportes en capital al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, así como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (véase nota de prensa de La Prensa). Nótese que una fuerte movilización y una petición en línea precedieron la decisión del BCIE, y que persisten a la fecha serias críticas a las empresas alemanas involucradas en este proyecto hidroeléctrico (véase nota de DW). En setiembre del 2016, se informó del robo del expediente judicial sobre este asesinato, confirmando así las interrogantes mencionadas anteriormente sobre el Estado hondureño (véase nota de prensa de La Prensa).

Notemos que en una entrevista a las dos hijas de Berta Cáceres editada en junio del 2016 en Costa Rica (véase nota de La Nación), se puede leer que: "La presencia policial constante ha garantizado el desarrollo de estos proyectos, del Ejército de Honduras, de las fuerzas especializadas del Ejército de Honduras, creadas especialmente para las regiones en conflicto, que son las regiones donde quieren instalar proyectos hidroeléctricos, mineros y monocultivos". Con relación a la actitud de las autoridades, se señala por parte de las hijas de Berta Cáceres que: "nosotros creemos que si no es por una comisión independiente, que sea imparcial, el caso va a quedar en la impunidad. El Presidente ha dicho expresiones como que tiene todo el compromiso de llegar a la Justicia, pero nosotras decimos que entonces por qué no acepta el ofrecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace más de dos meses para que crear un grupo independiente que acompañe el proceso y certifique que las cosas se están haciendo cómo se deben. Todo esto nos sigue generando la inquietud de qué es lo que temen, qué es lo que se esconde, por qué no hay una comisión independiente".

El precedente sentado por el caso Kawas Fernández

La obligación de investigar debidamente y de sancionar a todos los responsables de este y muchos otros casos contra líderes indígenas, ecologistas y defensores de los derechos humanos hondureños deriva de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En el año 1995, la muerte de la lider ecologista Blanca Jeannette Kawas Fernández dió lugar a una demanda contra Honduras ,que culminó en abril del 2009 con una histórica sentencia (véase texto completo) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el párrafo 190 se lee que:

"190. El Tribunal reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta constituyen un medio de reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer225. La obligación de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana implica el deber de los Estados Partes en la Convención de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos".

En la parte resolutiva de la sentencia (p. 67), se puede leer que: "11. El Estado debe realizar, en un plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en los términos del párrafo 202 de la presente Sentencia. 12. El Estado debe levantar, en un plazo de dos años, un monumento en memoria de Blanca Jeannette Kawas Fernández así como realizar la rotulación del parque nacional que lleva su nombre, en los términos del párrafo 206 de la presente Sentencia. 13. El Estado debe brindar gratuitamente, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a los señores Blanca Fernández, Selsa Damaris Watt Kawas, Jaime Alejandro Watt Kawas, Jacobo Roberto Kawas Fernández, Jorge Jesús Kawas Fernández y Carmen Marilena Kawas Fernández, si así lo solicitan, en los términos del párrafo 209 de la presente Sentencia. 14. El Estado debe ejecutar, en un plazo de dos años, una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras y de sus aportes en la defensa de los derechos humanos, en los términos del párrafo 214 de la presente Sentencia."

En un artículo sobre la contribución del sistema interamericano de protección de los derechos humanos a la protección de los defensores del ambiente, se lee, a propósito del caso Kawas Fernández que: "Este caso es muy relevante, ya que la Corte se pronunció, por primera vez, sobre la importancia del medio ambiente para el ejercicio de otros derechos y, por lo tanto, de la especial protección que merecen los defensores y defensoras del medio ambiente. Al respecto, la Corte señala el deber especial de protección que incumbe al Estado cuando se trata de personas que asumen la defensa de derechos humanos y considera que la violación del deber de garantía, en el que se ha vulnerado el derecho a la vida, contraría la protección general de quienes dedican su vida y su trabajo a la preservación del ambiente, servicio que va mucho allá del derecho particular de alguno o algunos, ya que concierne e interesa a todos. La posición de la Corte es la de otorgar especial protección a quienes asumen la defensa de los derechos humanos, entre ellos, la defensa del medio ambiente" (Nota 1).

Si bien la doctrina especializada y el movimiento ecologista han saludado este fallo histórico, cabe precisar que la implementación de esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha visto afectada por el repentino cambio de autoridades acaecido unos meses después de leída en San José, con ocasión del golpe de Estado que se dió en Honduras el 28 de junio del 2009; así como por el consiguiente aumento de la represión contra entidades hondureñas de la sociedad civil, en particular las abocadas a la defensa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y del ambiente. Como veremos a continuación, en otras partes del hemisferio, sectores optaron también por atentar contra la vida de líderes que defienden a sus comunidades en materia ambiental frente a los impactos de megaproyectos. Ello ocurre ante parcos aparatos estatales en los que la colusión de intereses político-empresariales podría explicar la ineficiencia de sus órganos de investigación para sancionar a los responsables de estos hechos. Esta misma colusión de intereses es la que inclina, en algunos casos, a los familiares de las víctimas a solicitar que sea un ente internacional, externo al Estado, el que investigue estos asesinatos.

En Costa Rica, esta extraña sensación de unísono empresa-Estado fue calificada de "compadrazgo" y "contubernio" "indignante y vergonzoso" por quiénes asistieron a una audiencia precedida de una memorable visita in situ realizada en el 2009 por el juez constitucional al proyecto minero Crucitas de la empresa canadiense Infinito Gold (véase nota del Semanario Universidad). En esta última, leemos que: "Cuando uno escucha al Ministro de Ambiente, parece un funcionario de la empresa, por la defensa a ultranza que hace del proyecto. Igual fue cuando se hizo la inspección en Crucitas, donde el ministro iba en el carro de la empresa”. En octubre del 2010, una inédita arenga presidencial en contra de los ambientalistas escuchada en la Zona Norte de Costa Rica sorprendió a muchos sectores sociales costarricenses (oir los 35 segundos del audio, disponible aquí, minuto 25:10 - 25:45).

Un panorama sombrío para los activistas en materia ambiental

En un artículo publicado por el New York Times en setiembre del 2016, se lee que la eliminación física de defensores del ambiente en América Latina está llegando a límites insospechados: "Una cifra que la organización enmarca en otra cifra mayor, que sirve para dimensionar el problema: en 2015, según datos de la organización ambientalista Global Witness, hubo 185 asesinatos de líderes ambientales registrados a nivel global; 122 ocurrieron en América Latina". El mapa editado por la ONG GlobalWitness arroja las siguientes cifras para el único período 2010-2015: Brasil con 207 muertes, Honduras con 109, seguido por Colombia con 105, Perú (50), México (33), Nicaragua (15), Paraguay (13) y Argentina con 6 activistas asesinados. En enero del 2017, fue asesinado un histórico lider ecologista mexicano, Isidro Baldenegro, galardonado con el Premio Goldman en 2005, al igual que lo fuera Berta Cáceres (véase nota de El Pais).

La vulnerabilidad de los defensores del ambiente es particularmente alta. Se lee en el mismo artículo académico precitado de la Profesora Susana Borras, que "... los defensores ambientales se encuentran en una situación particular de doble vulnerabilidad: por enfrentarse a los intereses del propio Estado y a poderosos grupos económicos, que en la mayoría de los casos presupone la connivencia con el Estado" (Nota 2).

A modo de ejemplo de una actividad que genera una violencia en su entorno (incluyendo en muchos casos la muerte de quiénes se oponen a ella), se lee en este informe sobre las empresas mineras canadienses que operan en América Latina (informe que fue sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015) que: " Violent deaths and serious injuries to mineworkers and opponents of projects The report notes at least 23 violent deaths and 25 cases of serious injury at ten of the projects examined, although the total number of individuals murdered and injured may be much higher. Nearly all of the reported acts have gone unpunished, without any determination to date of the perpetrators’ motives. Nor have reparations been made to victims or their relatives. The ten cases pertain to mining projects in Mexico, Colombia, El Salvador, Honduras, and Guatemala." (p. 16).

Otra marcada tendencia detectada en América Latina (y que ha llevado a muchos líderes sociales y ambientales ante los tribunales de justicia) es la de utilizar nuevas figuras penales con la finalidad de criminalizar la protesta social. Un caso reciente es el juicio iniciado el pasado 6 de marzo en Perú contra 16 líderes comunitarios por su participación en una marcha de protesta en el 2012 contra el Proyecto Minero Conga (véase nota de Pressenza). A modo de reflexión sobre esta tendencia de los aparatos represivos en América Latina, remitimos al lector a la obra compilada por el Profesor Eduardo Bertoni, titulada "¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina" (texto disponible aquí).

En Costa Rica, acciones penales por presunta difamación entabladas en el 2011 por la empresa minera canadiense contra los detractores a su proyecto ubicado en Las Crucitas dieron lugar a una técnica inédita por parte de los abogados de la empresa Infinito Gold: su reiterada ausencia en las audiencias convocadas por los jueces costarricenses (véase nota de prensa de noviembre del 2016 en el caso del ecologista Edgardo Araya). Ante problemas de salud tan recurrentes como constantes de estos abogados, una carta pública de tres de los cinco demandados por Infinito Gold titulada "Audiencias con el Infinito: ausencias..." (publicada en La Nación en julio del 2012 - véase texto) logró subsanar parcialmente estas extrañas dolencias. Los dos universitarios demandados penalmente cada uno por un millón de US$ por supuesta difamación lo fueron por sus declaraciones en un interesante documental de Pablo Ortega titulado "El Oro de los Tontos", presentado en un auditorio de la Universidad de Costa Rica en junio del 2011 (documental disponible aquí).

En momentos en que tanto en Honduras como en el resto del continente americano, los líderes ecologistas son encontrados sin vida o sufren otro tipo de amenazas y acciones legales en su contra claramente intimidatorias, y en los que se asiste, como por ejemplo en Costa Rica, a una verdadera regresión por parte del mismo juez constitucional en materia de participación ciudadana en temas ambientales (véase nota del Semanario Universidad), la conmemoración de la muerte de Berta Cáceres ha adquirido dimensiones que interpelan al movimiento ecologista como tal.

El caso de Costa Rica

Cabe señalar que Costa Rica no es del todo inmune a esta peligrosa deriva. Al recordarse en el 2016 los tres años de la muerte de Jairo Mora Sandoval, un jóven biólogo apasionado por las tortugas marinas, cuyo cuerpo apareció sin vida en la playa de Moín, son varias las interrogantes que persisten en Costa Rica (véase nota de este mismo sitio). Este caso se suma a varios más en Costa Rica (véase nota de La Nación del 2015 sobre nueve muertes de ecologistas costarricenses, nota de CRHoy del 2015 y el artículo de opinión publicado en el 2013 titulado "Los ambientalistas exigimos respeto, René Castro" ).

En el 2015, varias entidades ecologistas se volvieron a pronunciar en favor de la creación de una Comisión de la Verdad ajena a la estructura estatal para investigar el caso de Jairo Mora y los otros casos registrados en Costa Rica (véase comunicado de FECON), sin que las autoridades costarricenses muestren, a la fecha, interés alguno en esta iniciativa. En el informe elaborado a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, había respaldado la idea en los siguientes términos:"El Experto independiente entiende que el Gobierno considera que las iniciativas tales como las comisiones de la verdad son innecesarias en un Estado que tiene un fuerte poder judicial, como es el caso de Costa Rica. Sin embargo, incluso la mejor de las judicaturas solo puede conocer de los casos que se le presentan. Por lo general no está facultada para estudiar los cuadros de amenazas y actos de violencia durante un período prolongado y formular recomendaciones para hacerles frente, lo que sí hacen las comisiones de investigación independientes" (véase informe A/HRC/25/53/Add.1 del 8 de abril del 2014, pocamente divulgado por las autoridades de Costa Rica, y repoducido en este enlace de DerechoAlDia, punto 57).

El caso de los cuatro integrantes de AECO (Asociación Ecologista Costarricense), de los cuales tres fueron encontrados calcinados en diciembre de 1994 en una casa de habitación y uno fue hallado sin vida en julio de 1995 en un parque de la capital costarricense, constituye un doloroso ejemplo de investigaciones que se archivan ante la extraña inoperancia de los órganos estatales (véase artículo editado en el 2014 para conmemorar los 20 años de estas cuatro muertes, titulado "20 años es mucho: autoridades tienen que rendir cuentas por muerte de ecologistas en 1994"). Por parte del Estado costarricense, vale la pena recordar que, en enero de 1997, la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó una opinión jurídica (véase texto de la Opinión 004 - J del 23/01/1997) en los siguientes términos: " Conforme a las consideraciones de hecho expuestas, normas jurídicas invocadas y prueba aportada, la Procuraduría General de la República concluye: 1.- De acuerdo con las autopsias realizadas y las investigaciones por muerte de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante Montaño, la muerte de éstos se debió un incendio accidental. 2.- De acuerdo con la autopsia e investigación de la muerte de David Maradiaga Cruz, su muerte se debió a causas naturales. 3.- Los órganos del Estado desarrollaron una labor profesional, técnica y dentro de un tiempo prudencial en el esclarecimiento de las muertes de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández, Jaime Bustamante Montaño y David Maradiaga Cruz".

Conclusión

En estos primeros días de mes de marzo del 2017, diversas ONG han convocado a marchas y protestas frente a las legaciones diplomáticas de Honduras en las capitales de Centroamérica (véase nota sobre convocatoria en Costa Rica), así como en Canadá y en varias capitales europeas (véase por ejemplo convocatoria en Madrid): lo han hecho en señal de solidaridad con los familiares y con los compañeros de lucha de Berta Cáceres. Muchos asistieron también en señal de protesta y de profunda indignación ante la impunidad que prevalece cada vez que un lider comunitario o un ecologista es asesinado en América Latina.



Nota 1: Véase BORRAS S., "La contribución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la protección de los defensores ambientales ", Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad Nº 9, octubre 2015 – marzo 2016, pp. 3-25, p. 6. Artículo disponible aquí.En el mismo sentido sobre el carácter emblemático de esta decisión, véase TANNER L., "Kawas v. Honduras – Protección de Defensores y Defensoras del Medio Ambiente", Revista de Práctica de Derechos Humanos, Oxford University Press, Vol. 3 (2011). Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase BORRAS S., op.cit., p. 14.









COLOMBIA LAMENTA DECISION DE CHINA DE PROCEDER A EJECUCIÓN DE ISMAEL ARCINIEGAS VALENCIA

El pasado 27 de febrero, Colombia emitió un comunicado oficial en el que lamentó la decisión de las autoridades de China de proceder a la ejecución de uno de sus ciudadanos, Ismael Arciniegas Valencia. Este colombiano de 74 años de edad, oriundo del Valle del Cauca, fue acusado por narcotráfico (véase texto del comunicado oficial reproducido al final de esta nota). Se trata de una persona que reconoció ante los jueces haber cargado cuatro kilos de droga a cambio de cinco mil dólares. Colombia realizó diversas gestiones ante las autoridades de China, en aras de suspender la pena capital a su nacional, sin lograr éxito alguno.

En la actualidad cuatro nacionales de Colombia se encuentran también procesados por este mismo tipo de delitos en China.

En su comunicado, Colombia precisa que: "Si bien el Estado colombiano reconoce el derecho soberano que tienen los países de establecer y aplicar su legislación en materia penal, reitera categóricamente su posición en contra de la pena de muerte y reafirma la inviolabilidad del derecho a la vida, derecho que ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país sobre la materia. Actualmente, hay 15.034 reclusos alrededor del mundo de los cuales el 56.7% se encuentran detenidos por delitos de narcotráfico, lo que equivale a 8.526 presos"

No cabe duda que esta ejecución constituye para Colombia un verdadero desafio, ante la posibilidad de que otros de sus nacionales capturados en China por el mismo tipo de delito, puedan sufrir la misma pena. En esta nota de prensa del 2015, se estimaba que 144 colombianos alrededor del mundo enfrentaban la pena capital o la condena perpetua, en Estados como China, Cuba y Qatar. De los 32 Estados cuyos códigos penales incluyen la pena capital registrados en esta nota de prensa, se incluye, en el hemisferio americano a Cuba y a Estados Unidos.

Texto del comunicado oficial de Colombia, emitido el 27 de febrero del 2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, lamenta la decisión tomada por las autoridades judiciales de la República Popular China, de ejecutar a Ismael Arciniegas Valencia

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, lamenta profundamente la decisión tomada por las autoridades judiciales de la República Popular China, de ejecutar a Ismael Enrique Arciniegas El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, lamenta profundamente la decisión tomada por las autoridades judiciales de la República Popular China, de ejecutar a Ismael Enrique Arciniegas Valencia, detenido en ese país, a pesar de las reiteradas peticiones de clemencia y las varias solicitudes presentadas al Gobierno chino para que su sentencia de muerte fuera conmutada.

El connacional, que se encuentra recluido en una prisión en la ciudad Guangzhou y quien fue condenado a pena de muerte tras haber reconocido que llevaba casi cuatro kilos de droga que le pidieron traficar a cambio de 5 mil dólares, ha sido asistido por los Consulados de Colombia en Beijing y Guangzhou, desde su detención, registrada a mediados de 2010, hasta la fecha. Desde el momento de su condena, a través de varias gestiones diplomáticas originadas desde la Cancillería, del envío de notas diplomáticas, de gestiones del Embajador de Colombia en China, y ante el Embajador de China en Colombia, se solicitó reiteradamente se reconsiderara la pena impuesta y la suspensión de la ejecución. A pesar de las múltiples solicitudes, el Tribunal Popular Superior de la Provincia de Guangdong informó en los últimos días que el connacional será ejecutado en las próximas horas. El Ministerio de Relaciones Exteriores continuará adelantando, hasta el último momento, gestiones al más alto nivel para lograr que se reconsidere esta decisión.

Si bien el Estado colombiano reconoce el derecho soberano que tienen los países de establecer y aplicar su legislación en materia penal, reitera categóricamente su posición en contra de la pena de muerte y reafirma la inviolabilidad del derecho a la vida, derecho que ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país sobre la materia.

Actualmente, hay 15.034 reclusos alrededor del mundo de los cuales el 56.7% se encuentran detenidos por delitos de narcotráfico, lo que equivale a 8.526 presos. En China hay cinco colombianos condenados a pena de muerte por este delito (tres sentencias ratificadas y dos en espera de la apelación), 10 a pena de muerte con suspensión por dos años, y 15 a cadena perpetua.

El Gobierno colombiano seguirá haciendo todas las gestiones que estén a su alcance para proteger los derechos de sus ciudadanos, pero no puede garantizar ni la repatriación en todos los casos, ni la no aplicación de la pena de muerte en aquellos países que tienen establecido este castigo. Colombia ha logrado la repatriación efectiva de 172 connacionales, seis de los cuales se alcanzaron por razones humanitarias.

Reiteramos el llamado a los colombianos para que no se dejen convencer de los traficantes; una condena afecta a todos los integrantes de una familia. China es uno de los 34 países donde el narcotráfico es considerado un delito grave y es castigado incluso con cadena perpetua o pena de muerte. La pena se aplica sin distinción de nacionalidad. Aunque la información sobre ejecuciones es confidencial en China, registros de prensa arrojan que desde 2010 se han ejecutado por delitos relacionados con narcotráfico nacionales de Corea del Sur, Reino Unido, Japón, Canadá y Filipinas.