martes, 23 de agosto de 2016

JEFE DE DIPLOMACIA PERSA INICIA GIRA EN LATINOAMERICA

Imagen extraída de artículo de prensa: "La economía de Irán creció un 4,4% en su primer trimestre del año", Agosto 2016

El jefe de la diplomacia de Irán Mohammad Javad Zarif inició esta semana su gira en América Latina, con una primera escala en Cuba (ver nota de La Vanguardia). Se indica que después de Cuba, la delegación que acompaña al jefe de la diplomacia persa se trasladará con él a Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. En un comunicado de prensa (ver texto), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán indicó que: "Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif and Cuban Minister of Foreign Trade and Investment Rodrigo Malmierca Diaz stressed promotion of economic cooperation between the two countries. Zarif and Diaz in a meeting on Monday evening discussed ways of development of cooperation between Tehran and Havana in fields of energy, banking, health, nanotechnology and biotechnology. During the meeting, Cuban minister of foreign trade and investment said that Havana is keen to develop relations with Tehran as a lasting partner and friend. Cuba is ready to help facilitate development of cooperation between Islamic Republic and the Latin American states, he added. Iran and Cuba on Monday signed a memorandum of understanding to boost their economic cooperation. The cooperation document was signed on the sidelines of the first joint trade meeting of Iran and Cuba".

La plaza de Naghsh-e Jahan en Isfahan, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO (ver enlace oficial UNESCO)

Se trata de la primera visita a América Latina luego del acuerdo sobre el programa nuclear suscrito por Irán y Occidente el 14 de julio del 2015. El documento acordado en Viena constituyó la culminación de uno de los ejercicios diplomáticos más arduos y complejos de los últimos tiempos, realizado en un período marcado por discursos hostiles e intentos variados tendientes a minar el proceso de negociación: el "Joint Comprehensive Plan of Action" o JCPOA (en persa برنامه جامع اقدام مشترک‎) pretende poner fin a las sanciones contra Irán y permitir a este último desarrollar su programa nuclear bajo ciertas medidas de control e inspecciones por parte de la OIEA (Organización Internacional de la Energía Atómica).

Este acuerdo alcanzado en julio del 2015 permitió apaciguar la confrontación existente entre Estados Unidos e Irán que inició en 1979, y que se mantuvo desde entonces muy presente, desbordando el marco de las relaciones bilaterales entre ambos Estados; en agosto del 2015, Reino Unido procedió a reabrir su embajada en Teherán (ver nota de prensa), cerrada cuatro años atrás. Este acuerdo también explica que desde julio del 2015 hasta la fecha se haya realizado una gran cantidad de misiones comerciales provenientes de Estados europeos a Teherán (ver sobre este acuerdo del 14 de julio del 2015 nuestra breve nota publicada en Derechoaldia). En septiembre del 2015, España envió una numerosa delegación comercial a Teherán, encabezada por tres de sus ministros (ver nota de prensa de El Mundo), seguida unas semanas después por similar delegación encabezada por dos ministros de Brasil (ver nota). La primera visita de un Jefe de Estado persa a su homólogo en Francia en más de 17 años, acaecida en enero del 2016, dio lugar al anuncio de una fuerte inversión francesa en Irán (ver nota de prensa).

En marzo del 2016, Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, y la Alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior suscribieron una declaración conjunta sobre Irán titulada "Statement by France, Germany, United Kingdom, United States and the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy on Post-JCPOA Business with Iran", indicando, entre varios puntos, que: "While we are committed to providing clarity on sanctions-related issues, businesses will make their own decisions about commercial activity with Iran. There are factors within Iran’s control that haveinfluenced companies’ decision-making and hindered Iran’s economic progress. For Iran to realize the economic improvement it desires, it will also have to take steps to create an environment conducive to international investment particularly regarding the compliance with FATF recommendations. We are ready to fully support Iran's efforts in this process. On our part, we are committed to continue actively engaging with the private sector in order to clarify all sanctions-related matters and ensure that permissible business is not prevented by the lack of information. It is in our interest and the interest of the international community to ensure that the JCPOA works for all participants" (ver texto completo de la declaración conjunta).

Toma de la ciudad de Meybod en Irán, extraída de artículo de prensa sobre destinos turísticos recomendados por la revista National Geographic para el 2016, en el que aparece - ver artículo - Irán como primer destino recomendado, seguido luego por Costa Rica

Con respecto a las relaciones entre Irán y la región de América Latina, una de las últimas entregas de la revista Al-Kubri, Número 16 (junio 2015, Universidad Nacional, Costa Rica) detallaba (pp. 15-20) los recientes esfuerzos y logros de la diplomacia persa en América Latina, en particular en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Nicaragua y Venezuela. En este estudio de Ecuador, se detalla el volumen de los principales proveedores de importaciones no petroleras de Irán desde América Latina y El Caribe correspondiente al período 2010-2014 (figura en pp. 5-6). En enero del 2016, las autoridades de Brasil anunciaron que planeaban triplicar el intercambio comercial con Irán (ver nota de EFE). En diciembre del 2015, Colombia e Irán mantuvieron reuniones sobre su agenda bilateral (ver comunicado oficial de Colombia). En el 2012, la toma de posesión del nuevo Presidente de Guatemala Otto Pérez contó con la presencia del Presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad (ver nota de prensa), dando lugar a una solicitud algo extraña de la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos a Guatemala (ver nota de prensa). En marzo del 2009, Honduras anunció que pronto establecería relaciones diplomáticas con Irán (ver nota de prensa).

Con relación a Costa Rica, es de notar que se trata de un Estado que no mantiene relaciones diplomáticas con Irán, formando así parte de un pequeño grupo de Estados de la región latinoamericana que, al igual que Panamá, aún no han revisado su posición con relación a Irán.

lunes, 22 de agosto de 2016

EL CIERRE ORDENADO DE ALGUNAS CÁRCELES EN COSTA RICA: BREVE PUESTA EN PERSPECTIVA

El cierre ordenado de algunas cárceles en Costa Rica: breve puesta en perspectiva



"El grado de civilización de una sociedad se mide entrando a sus cárceles” , Fiódor Mijailovich Dostoyevski

Medios de prensa en Costa Rica han dado a conocer en los primeros días de este mes de agosto la decisión del juez Roy Murillo Rodríguez de ordenar, el pasado 20 de julio, al Estado el cierre definitivo de la Unidad de San Sebastián, por tratarse de una verdadera "jaula humana" (ver nota de La Nación del 1/08/2016). En esta otra nota del medio digital CRHoy, se precisó que las autoridades de Costa Rica debían reubicar a más de 1260 personas privadas de libertad. A pocos días de esta primera noticia, se informó que la jueza Xinia Solis Pomares en Alajuela también ordenó a las autoridades que no ingresaran más personas al denominado “Ambito B” en otro centro penal, el de La Reforma (ver el texto completo de la medida correctiva reproducida en DerechoAlDía así como la nota de La Extra del 11/08/2016).

En esta última, leemos que para el Director de Adaptación Social, la situación en el “Ambito B” no es distinta a la de los demás pabellones: “Actualmente podría decirle que en similar condición están los ámbitos A, C, D y F, esas son estructuras que datan de más de 30 años, y que lastimosamente ya han cumplido su vida útil, ahora con esta problemática de la sobrepoblación carcelaria, pues los espacios son totalmente reducidos para tanto privado de libertad”. No obstante lo anterior, en esta otra nota de La Nación, leemos, por parte del mismo funcionario, que: “De momento, consideramos que no es necesario hacer una circular. Vamos a intentar reubicar a los muchachos en los distintos módulos de esa prisión”: no cabe duda que reubicar a privados de libertad en otros ámbitos con condiciones similares a las del Ámbito B puede resultar un tanto extraño para un observador.

Foto extraída de artículo de prensa del 2015 titulado "Hacinamiento en cárceles alcanza cifra récord de 51%", La Nación (Costa Rica), 11 de marzo del 2015

Tanto la jueza Xinia Solis Pomares como el juez Roy Murillo Rodríguez son jueces ejecutores de la pena: se trata de una figura legal que no necesariamente existe en todas las legislaciones penales de América Latina, y que permite a quienes ostentan este cargo, proceder a visitas regulares a centros de detención, como parte de sus funciones.

La falta de atención a señalamientos anteriores

Hace tres años, se leyó por parte de otra entidad pública costarricense a cargo de visitas regulares a los centros de detención en Costa Rica (ajena al sistema judicial) que: "La Defensoría de los Habitantes consideró que las cárceles costarricenses “son depósitos de personas” que violan la dignidad humana tanto de reos, como del personal técnico y de seguridad. Así se consignó en el informe anual sobre la situación en el 2012, del sistema penitenciario, trabajo elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría" (ver nota de La Nación del 28 de mayo del 2013).

Políticas de “mano dura”, “mano firme”, y leyes altamente represivas en Costa Rica adoptadas hace algunos años, así como el uso abusivo de la detención preventiva ante la presión ejercida por los medios de comunicación, explican, al menos en parte, el problema de hacinamiento actual que sufre el sistema carcelario costarricense (y en particular la Unidad de San Sebastián), al igual que en el de muchos otros en América Latina. Con relación a la detención preventiva, se lee en una reciente nota publicada en Perú en el sitio Ius360, algunas valoraciones que pueden aplicar a la situación de algunos jueces costarricenses: “Coyuntura y realidad nacional: En muchos casos, los magistrados de los juzgados de investigación preparatoria tiene un rol provisional en la jerarquía judicial; con lo cual, esperan cumplir con la exigencia social de aplicar “mano dura” contra la delincuencia y temor al escándalo mediático. Medios de Comunicación: Es común que los medios de comunicación ataquen tanto al propio Estado como a los operadores de justicia en su accionar; más aún si este accionar no es acorde con lo esperado por el común de las personas (no siempre lo legalmente correcto o debido)”. Sobre las penas de cárcel, el mismo juez Roy Murillo Rodríguez, en una entrevista en el año 2014 concedida a la periodista Natalia Rodríguez Mata, recordaba que mientras la tenencia de droga se sanciona en España con 4 o 5 años, 3 años en Argentina, el mínimo impuesto en Costa Rica es de 8 años (ver entrevista en YT, del Programa Sobre la Mesa, Canal 15 UCR, emisión del 19/06/2014, “Política Carcelaria en Costa Rica”, Minuto 21:00).

Merece también mención un estudio de una entidad de Naciones Unidas que tiene su sede en Costa Rica: el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Su Director Ejecutivo, Elías Carranza, ya señalaba en el 2011 en un muy completo estudio sobre la situación penitenciaria en América Latina que: “… las políticas públicas en materia de criminalidad y justicia penal tienen que ser verdaderamente integrales, no solo penales, y deben ir acompañadas de políticas que reduzcan la inequidad de la distribución del ingreso. Numerosos documentos de política criminal de las Naciones Unidas lo han dicho a lo largo de los años, explicando que el delito es un fenómeno social y que para lograr niveles bajos de delito y buena justicia penal es imprescindible lograr buenos niveles de justicia social”.

La luz de una visita ante la oscuridad rampante

Más allá de la poca preocupación que parece haber generado la falta de justicia social en Costa Rica (y que evidencia la preocupante evolución del indicador Gini que mide la desigualdad con relación a la tendencia inversa en el resto de América Latina – ver sexto gráfico elaborado por el OPALC), estas recientes medidas correctivas ordenadas por jueces ponen en entredicho las políticas criminales adoptadas en Costa Rica en los últimos años, cuyo último eslabón lo constituye la población privada de libertad.

Es bien sabido que, tradicionalmente, las cárceles de un Estado constituyen lugares sombríos, mantenidos voluntariamente en una suerte de oscuridad institucionalizada. En ese universo hermético, la única ventana de esperanza para los que en el cohabitan a diario, es la luz que puede arrojar la visita de un ente fiscalizador externo al sistema carcelario como tal. Sobre este punto preciso, vale la pena recordar que de 1991 al 2002, Costa Rica lideró exitosamente duras negociaciones en el seno de las Naciones Unidas: estas culminaron con la adopción, el 18 de diciembre del 2002, en Nueva York, de un novedoso instrumento internacional, bajo la forma de un protocolo facultativo. El objetivo de este tratado arduamente negociado (y cuya adopción se dio mediante un inusual voto, con tan solo cuatro votos en contra: Estados Unidos, Islas Marshall, Nigeria y Palau) es el de prevenir significativamente los malos tratos y la tortura en los centros de privación de libertad con base en un sistema de visitas regulares a lugares en los que, por alguna razón, personas se encuentran privadas de su libertad (Nota 1).

Adoptada en diciembre del 2002, el escándalo provocado por fotos difundidas en el 2003 sobre tortura, maltratos físicos e humillaciones a prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib por parte de personal militar norteamericano permitiría entender mucho mejor la frontal oposición de Estados Unidos a esta novedosa iniciativa de Costa Rica en Naciones Unidas. En efecto, el sistema establecido en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas consta de un mecanismo internacional (el Subcomité para la Prevención de la Tortura o SPT) y uno nacional, el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), que cada Estado Parte debe establecer en función de su marco normativo e institucional. En el caso de Costa Rica, un Estado que ratificó el Protocolo en el 2005, el MNP es un órgano adscrito directamente a la Defensoría de los Habitantes (u Ombudsman), creado mediante la ley 92014 adoptada en febrero del 2014 (ver sitio oficial del MNP). Anterior a esta ley, un Decreto Ejecutivo del 2005 designaba de manera provisional a la Defensoría de los Habitantes como MNP. La solución costarricense de designar como MNP a su Ombudsman (en vez de crear un órgano independiente en el que pudieran participar profesionales, gremios y entidades de la sociedad civil) no es exenta de críticas. Fue seguida por otros Estados, como México o la misma España (ver informe del MNP español adscrito al Defensor del Pueblo): a diferencia de lo que ocurrió en Costa Rica, en el caso de España, la discusión previa a la designación del MNP en el 2010 dio lugar a un intenso debate, muchas entidades desconfiando de la labor del Defensor del Pueblo en esta delicada materia (Nota 2). En el 2015, en el caso particular de las visitas a lugares de detención en Cataluña, el Tribunal Constitucional español falló en contra del Sindic de Greujes catalán, y a favor del Defensor del Pueblo: se leyó en esta nota de prensa que: “desde 2010 ha visitado 188 centros de detención (comisarías, cárceles, centros de protección de menores) en el marco de su lucha contra la tortura, mientras que el Defensor del Pueblo solo ha realizado 16 visitas a Cataluña en el mismo período”.

En el caso de México, la designación de su Ombudsman como MNP fue antecedida por una serie de consultas entre el 2004 y el 2007 auspiciadas por Naciones Unidas, en aras de intentar conciliar posiciones ante entidades de la sociedad civil igualmente desconfiadas (Nota 3).

En su primer informe de labores del 2014 luego de su creación mediante ley (ver texto completo), el MNP de Costa Rica concluyó recordando las serias limitaciones con las que desempeña sus labores: “Se reitera que el MNPT adolece de una infraestructura (oficina) adecuada y suficiente para desarrollar su trabajo, lo cual representa un problema, debido a que no se tiene espacio para alojar a los (as) dos funcionarios (as) nuevos (as), para lo cual se deberán tomar medidas emergentes. De tal manera, para el presupuesto del año 2016, se solicitarán los recursos correspondientes para la construcción de las oficinas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura” (p. 59).

Al momento de redactar estas líneas, el Protocolo Facultativo cuenta con 81 Estados Partes (ver estado oficial de firmas y ratificaciones). Mientras que, con excepción de Belice, los demás Estados anglófonos del hemisferio americano (incluyendo a Canadá y a Estados Unidos) se mantienen distantes de dicho instrumento, en América Latina, faltan al llamado Colombia, Cuba, El Salvador, Haití y República Dominicana (Estados que, al igual que los precitados Estados anglófonos, no han considerado oportuno ni tan siquiera suscribirlo); así como Venezuela, que lo ha firmado más no ratificado.

En sus observaciones al informe de Colombia de mayo del 2015, el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas externó, entre otros temas, que: “20. El Comité valora la creación de la Comisión de Seguimiento de las condiciones de reclusión del sistema penitenciario y carcelario, así como la activa presencia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en los centros penitenciarios. No obstante, lamenta las informaciones según las cuales no se estaría dando el debido seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Defensoría. Además, el Comité constata la ausencia de un mecanismo plenamente independiente encargado de inspeccionar todos los lugares de detención, incluidas las comisarías, los centros de internamiento para menores y los hospitales psiquiátricos (art. 2). El Estado parte debe velar por que todos los lugares de detención sean objeto de inspecciones periódicas e independientes, incluidas las actividades de vigilancia que llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales. El Comité alienta al Estado parte a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” (ver observaciones finales al informe de Colombia, punto 20, también disponibles en este enlace oficial de Naciones Unidas)

De algunas iniciativas novedosas

Mencionemos que el tema de la privación de libertad ha generado desde varios años en Costa Rica valiosas iniciativas por parte de algunas entidades sociales y personas, en particular en el ámbito cultural y artístico: ver por ejemplo esta nota del 2014 sobre presentación en la Alianza Francesa de un poemario, así como esta nota sobre encuentro sobre danza y cárceles del 2011 y el artículo de la Revista Perfil "El arte, redescrubiendo a los privados de libertad" del 2011. En una reciente entrevista a una poeta costarricense galardonada en el 2016 en España, Paola Valverde Alier (ver nota ), se lee que: “Me tocó trabajar durante cuatro años dando clase de poesía en una cárcel de hombres aquí en Costa Rica. Tenía 17 años y me acompañaba mi mamá al no tener cédula”. En esta nota del 2006 de La Nación sobre otro espacio para la poesía en varias cárceles de Costa Rica, se lee que: “Uno de los grupos, integrado por Espinoza, Marenco, Valverde, Ilama y Mora, llegó al centro penal de Cocorí, ubicado en Cocorí, a las 9:30 a. m. Lo jóvenes regalaron cuatro rondas de poemas a más de 40 internos que se reunieron en el gimnasio de la cárcel. Con el lema de que "la poesía salva", Paola Valverde presentó a los invitados y, de inmediato, cada quien se lanzó con su artillería”. En una nota anterior, del año 2003, sobre los talleres de poesía de Paola Valverde Alier, se lee que: “Creo que es un espacio de formación muy importante porque amplía los horizontes de los privados de libertad. Ellos siempre están deseosos de aprender y muestran un gran interés en la materia, sus apreciaciones y sus comentarios son mucho más profundos que otros que he escuchado como profesor universitario”.

También merece mención la elaboración y venta de artesanías en exposiciones nacionales por parte de los privados de libertad (ver nota de CRHoy del 2013). Las posibilidades de trabajo de los privados de libertad fue objeto de una interesante tesis en el 2011 (ver texto completo ) de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR), por parte de la entonces estudiante Maricel Gómez Murillo, en cuanto a su alcance real en la práctica y las mejoras requeridas. Según el autor de otra tesis universitaria (ver nota publicada en el Semanario Universidad del 2013) "para los privados de libertad, la oportunidad de participar en la expresión creativa puede convertirse en una experiencia exitosa en cuanto a su rehabilitación y sus procesos de reeducación, pues se ha demostrado que el disfrute y los logros alcanzados propician una reintroducción al sistema educativo de muchos de ellos".

No obstante estas y muchas otras iniciativas que no dejan siempre rastro en medios de prensa, las condiciones de hacinamiento y el deterioro de la infraestructura están alcanzado niveles tan críticos en Costa Rica, que hacen a un lado estos esfuerzos, e interpelan al sistema carcelario costarricense y, más generalmente, a la sociedad costarricense como tal. La cárcel de San Sebastián, o al Ambito B de La Reforma no son los únicos en mantener altos índices de hacinamiento. Por ejemplo, en este artículo del mismo juez Roy Murillo Rodríguez publicada en la Revista de la Maestría en Ciencias Penales en el 2014, leemos que:

en la cárcel de San José (San Sebastián) con espacio para 664 internos, hay 1191 –un 79,6% de hacinamiento, el más alto por centro penitenciario en estos momentos – y en San Carlos, con espacio para 442 personas tenemos a 763 sujetos – 72,6%. Peor aún, en este último recinto carcelario, en la unidad de indiciados, con espacio para 104 hay 236 personas, sea un hacinamiento del 126,9%” (p. 659).

Notemos que este próximo 1ero de setiembre, las cárceles y el arte se darán nuevamente cita fuera de las primeras, esta vez en las tablas: en efecto, se estrenará en Costa Rica una adaptación en el teatro Expressivo de la novela del escritor costarricense José León Sánchez, La isla de los hombres solos (ver entrevista al mismo autor realizada por La Nación en junio del 2016). Sobre esta obra, se leyó recientemente que: “La isla de los hombres solos es un documento de barbarie, una memoria colectiva que recoge el dolor humano, que permite pensar los mecanismos de control social, los distintos modelos penitenciarios y, además, nos abre ventanas para pensar lo costarricense. Él la escribió, eso me cuenta, sentado en una esquina de ese pabellón infernal, con cabos de lápices y en hojas de cemento. Una de ellas la tiene enmarcada en su casa, se la envió la esposa de un reo que la conservó a pesar del paso del tiempo” (ver nota del Semanario Universidad sobre la visita realizada en mayo del 2016 por el escritor a la antigua cárcel en la Isla de San Lucas). Esta adaptación de la novela de José León Sánchez ha creado mucha expectativa en Costa Rica, y también fuera de ella: para el director José Zayas (Puerto Rico): “Es un testimonio estremecedor, es una historia carcelaria -que hay variaciones de eso en todo el mundo-, pero saber que conocí a la persona que la escribió y que vivió dentro de la isla y que hay un mito alrededor de lo que él ha creado, fue impresionante y tiene un poder visceral” (véase entrevista a José Zayas publicada por Redcultura.com).

Las razones alegadas por el juez Roy Murillo Rodríguez en el caso de San Sebastián

Luego de repasar de forma muy detallada la gran cantidad de sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica no acatadas por las entidades recurridas del Ministerio de Justicia a cargo de la Unidad de San Sebastián; y luego de precisar, datos en mano, sus hallazgos en calidad de juez ejecutor de la pena, el juez Roy Murillo Rodríguez concluye que:

"En definitiva la cárcel de San Sebastián es hoy una jaula humana deteriorante, aplastante y humillante y esa situación no puede ser tolerada por esta autoridad. El hacinamiento unido a las pésimas condiciones de infraestructura y la gravísima limitación para el acceso a luz y ventilación natural –nótese que se trata de una estructura de tres niveles donde los pocos espacios para la luz y el aire se han ido limitando por razones de seguridad al techar esos accesos- han convertido ese espacio carcelario en un calabozo gigante. Nos encontramos ante un evidente ejercicio de terror de Estado que no es válido en una Democracia y que no puede prolongarse sino que por el contrario se hace necesario cesar con urgencia. Ya no se trata solamente de un problema de hacinamiento sino de una infraestructura y condiciones penitenciarias deterioradas y lesivas de la dignidad humana. Son más de veinte años que la autoridad judicial ordinaria y constitucional ha esperado soluciones y la degradación y trato inhumano que esa cárcel impone no puede tolerarse bajo ningún motivo o razón. Conforme el pacto fundacional de la sociedad democrática costarricense, ni un solo ciudadano puede ser expuesto a condiciones degradantes y humillantes como las que impone el Centro de Atención Institucional de San José.

(Véase “Medida correctiva de cierre definitivo del Centro de Atención Institucional de San José, N° 1023-2016” con fecha del 20 de julio del 2016,texto completo reproducido por DerechoalDia).

En la parte final y resolutiva de su resolución, se lee que:

Por lo tanto, conforme los artículos 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 33 de la Constitución Política, 51 del Código Penal, las Reglas Mínimas, los Principios y Buenas Prácticas para la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas y el Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de Libertad, así como la Ley de Creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se ordena la clausura o cierre definitivo del Centro de Atención Institucional de San José, el que vencido el plazo de dieciocho meses a partir de la firmeza de esta resolución, no podrá funcionar más para la custodia de población penal institucionalizada, plazo que se otorga considerando los efectos y la crisis que generaría el cierre inmediato del centro penal, ordenándose a la autoridad penitenciaria que a partir de la notificación de esta resolución NO INGRESARÁ UN SOLO PRIVADO DE LIBERTAD MÁS a dicho Centro Penitenciario y en adelante, deberá asegurar el egreso –por resolución judicial que ordene libertad, por traslado a otros centros penitenciarios o a otros programas de atención- de al menos setenta privados de libertad cada mes, hasta su completo desalojo”.

Es menester indicar que una solicitud del mismo juez relacionada con la misma Unidad de San Sebastián, sólidamente respaldada desde el punto de vista técnico (ver nota de prensa publicada en La Extra), había ordenado en setiembre del 2013 que no se ingresará a más personas en San Sebastián (véase texto completo de las medidas correctivas del 24 de setiembre del 2013, reproducidas por DerechoalDia). Se leyó en aquel entonces por parte de la jurista Cecilia Sánchez Romero (quien ostenta desde el 2015 la cartera del Ministerio de Justicia en Costa Rica) que:

"No permitamos hoy que la propia institución conspire contra esta garantía, pretendiendo someter a revisión la decisión de un juez de ejecución de la pena, que no ha hecho más que cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Un juez que resuelve con fundamento jurídico, con apoyo en normativa procesal, con sólido respaldo de pronunciamientos de la Sala Constitucional en la materia y, por supuesto, con un elemental sentido de humanidad" (ver nota publicada en DerechoalDia).

Razones alegadas por la juez Xinia Solis Pomares en el caso del Ámbito B de La Reforma

La juez Xinia Solis Pomares en su medida correctiva precitada procede a una minuciosa descripción de la infraestructura a la que se puede remitir el lector revisando el texto completo. Entre muchos puntos, nos permitimos reproducir los puntos 9 y 10, dejando a cada lector el imaginar lo que puede ocurrir en las cocinas del Ámbito B por las noches, e invitando a salubristas públicos a acompañar a un juez ejecutor a la hora de visitar una cocina en la condiciones de las del Ámbito B:

NOVENO: SOBRE INFRAESTRUCTURA: Se realizó un recorrido en el Ámbito B, en el cual se observa el mal estado de toda la infraestructura, tanto por afuera como por dentro. Las paredes con huecos, incluso se observa que los privados de libertad han tratado de tapar los mismos con botellas de refrescos desechables, agregando que por esos huecos se introducen roedores, entre ellas ratas, cucarachas y todo tipo de insectos. Por otra parte con respecto al piso, el mismo se encuentra en pésimo estado, incluso en algunos dormitorios las aguas del piso del baño no tienen salida, así también como la acumulación de la basura.

DÉCIMO: SOBRE LA COCINA (PREPARACIÓN DE ALIMENTOS) INFRAESTRUCTURA: Con respecto a la cocina, la misma se observó en pésimas condiciones de higiene. En el piso había comida esparcida por varios lados, al igual que residuos de cascaras de verduras. Asimismo, se observa gran cantidad de agua dispersa en el piso en la cual no se observa salida, ni nadie que la escurra con escoba o cualquier otro medio. Incluso, en tres ocasiones me resbalé y por poco me voy al suelo. El repollo, tomate y pepino que se encontraban picados no se encontraban tapados y las moscas andaban encima de ellas. Se puede observar en una de las fotografías que hay moscas encima del tomate.- Véase los baldes que se utilizan para el café los cuales estaban sucios, razón por la cual se encontraban inundados de moscas, precisamente por estar sucios y destapados. Si al menos, los mismos a pesar de estar sucios se mantuvieran tapados las moscas no estarían adentro de ellos.
”-

En la parte resolutiva, se lee por parte de la jueza que:

De conformidad con el artículo 476 y siguientes del Código Procesal Penal, artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, numerales X, XII y XVII de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, numerales 8 y 19 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la jurisprudencia constitucional, las competencias y obligaciones de esta autoridad según lo dispone la misma normativa citada y reiteradas resoluciones de la Sala Constitucional, se ordena a la Ministra de Justicia, a la Dirección General de Adaptación Social, al Director del Instituto Nacional de Criminología, al Director del Programa de Atención Institucional y a la Directora del Ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma y se ordena comunicar: 1) El cierre del Ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma. Se prohíbe de manera indefinida el ingreso de más privados de libertad, independientemente de su condición jurídica, al ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma, salvo de forma excepcional y previa valoración minuciosa por intercambio de privados de libertad y por necesidad institucional”. Remitimos al lector sobre los hallazgos realizados por el MNP de Costa Rica en el Ámbito F (Máxima Seguridad Vieja) de La Reforma - pp. 17-18 de su informe de labores 2015 - en el que sus integrantes señalan, entre otros aspectos, que: “Por ello el MNPT afirma que el Ámbito de Convivencia F representa un fracaso administrativo de las autoridades del Sistema Penitenciario, las que, a lo largo de casi 14 años, no han podido realizar una reconstrucción de este ámbito, y lo grave es que han permitido que siga trabajando bajo un modelo represivo de 23 horas de encierro y una hora de sol, en celdas malolientes, oscuras, con servicios sanitarios tipo turco y con espacios de encierro que representan tratos degradantes para las personas privadas de libertad”.

Sistema penitenciario ante escrutinio internacional

Se podría pensar que un espacio que se sitúa en las mismas entrañas de un Estado, como lo son sus cárceles, no interesa mayormente la esfera internacional. Es posiblemente lo que algunas autoridades estatales recelosas desearían, dejando a manos de entidades fiscalizadoras adscritas al mismo aparato estatal represivo el examinar la situación que impera en ellas. No obstante, la realidad es otra: la situación de los privados de libertad dentro de un Estado no escapa al ámbito del derecho internacional. Por ejemplo, cuando en materia de derechos humanos se menciona la lucha contra la tortura (o su prevención), se incluye también la lucha contra los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que violentan los principios más básicos de la dignidad humana: los malos tratos que lleguen a calificarse como inhumanos, o crueles, o degradantes, son tan violatorios como la tortura, razón por la que ambas expresiones son indivisibles y así consta en los numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos.

Los estándares internacionales, en particular los establecidos en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, así como la jurisprudencia en materia de integridad personal y privación de libertad (ver estudio ) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen a ese respecto una útil guía para todos los Estados del hemisferio americano. En uno de sus fallos (ver sentencia en el caso Montero Aranguren y otros versus Venezuela), la Corte Interamericana sentenció que:

“el espacio de aproximadamente 30 centímetros cuadrados por cada recluso es a todas luces inaceptable y constituye en sí mismo un trato cruel, inhumano y degradante, contrario a la dignidad inherente del ser humano y, por ende, violatorio del artículo 5.2 de la Convención” (párr. 89).

Para dar otro ejemplo en América Latina, el mismo Procurador General en Colombia, en el año 2003, ya advertía en un pronunciamiento (ver texto completo ) que:

De acuerdo con el parámetro internacional, cualquier sistema de reclusión o prisión que trabaje bajo condiciones de hacinamiento superiores a 20 por ciento (es decir, 120 personas recluidas por 100 plazas disponibles) se encuentra en estado de “sobrepoblación crítica”. Una situación de “sobrepoblación crítica” puede generar violaciones o desconocimiento de los derechos fundamentales de los internos” (p. 3).



Recientemente, en el mes de marzo del 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de la inspección in situ realizada por otro ente habilitado a realizar visitas, el Relator sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad, había hecho públicas sus recomendaciones al Estado costarricense sobre el deplorable estado en el que se encuentran sus cárceles. La Unidad de San Sebastián no escapó a dicho examen, al externar por parte del Relator de la CIDH que:

Asimismo, la Relatoría observó con suma preocupación las precarias condiciones de infraestructura y salubridad. En particular, la Relatoría constató la falta de ventilación en los dormitorios y el calor que prevalece en los mismos. De igual forma, en los diferentes pabellones visitados en la Cárcel de San Sebastián, la delegación de la CIDH observó la falta de privacidad en el uso de servicios sanitarios, así como la total ausencia de espacios para guardar objetos de tipo personal. La Relatoría también recibió diversos testimonios de los internos respecto a las dilaciones en sus procesos judiciales respectivos. Asimismo, expresaron quejas relacionadas con la supuesta falta de atención médica, en particular, sobre la demora en recibir dicha atención y la falta de servicios dentales" (ver texto del informe detallado reproducido en esta nota de nuestro blog).

Con relación a la detención preventiva, el órgano interamericano señaló que en vez de ser usada de manera excepcional, es la solución a la que recurren los jueces costarricenses con excesiva frecuencia y de manera abusiva. En su informe de marzo del 2016 sobre Costa Rica, sobre este preciso punto, se lee que:

… una persona privada de libertad en la cárcel de San Sebastián manifestó que “No nos investigan para detenernos. Nos detienen para investigarnos”. En la cárcel de San Sebastián, que alberga únicamente a internos en prisión preventiva, las autoridades penitenciarias informaron que el 34% de las personas salen de la cárcel a más tardar 15 días después de su ingreso, y que el 60% deja el penal en un periodo de 60 días; no obstante, refirieron también que en muchos casos la permanencia de los internos era “indefinida”, incluso personas que habían permanecido en el centro penitenciario por más de ocho años. De igual forma, las autoridades manifestaron su preocupación ante el “regular” uso de la prisión preventiva –que se reflejaría en que aproximadamente una tercera parte de personas en prisión preventiva permanece en la cárcel durante 15 días– y las consecuencias que su uso traería en el aumento del hacinamiento, el “desgaste económico” para el Estado, y el estigma en la vida de las personas. Por otra parte, una funcionaria judicial señaló que “la permanencia entre uno y tres meses de la mayoría de los reos demuestra que en realidad no se justifica la aplicación de [esta medida]””.

Cabe indicar que en el 2013, en su informe sobre el uso de la detención preventiva, la misma Comisión exhortaba en sus conclusiones a todos los Estados Miembros de la OEA a:

1. …adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole requeridas para corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, garantizando que esta medida sea de carácter excepcional y se encuentre limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad; evitando así su uso arbitrario, innecesario y desproporcionado. Estos principios deberán guiar siempre la actuación de las autoridades judiciales, con independencia del modelo de sistema penal adoptado por el Estado.

2. Intensificar esfuerzos y asumir la voluntad política necesaria para erradicar el uso de la prisión preventiva como herramienta de control social o como forma de pena anticipada; y para asegurar que su uso sea realmente excepcional. En este sentido, es esencial que se envíe desde los niveles más altos del Estado y la administración de justicia un mensaje institucional de respaldo al uso racional de la prisión preventiva y al respeto del derecho presunción de inocencia
” (p. 121 del informe de la CIDH titulado “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”, 2013).

Gráfico publicado en el 2014 por el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de Costa Rica, órgano técnico adscrito a la Defensoría de los Habitantes, sobre el aumento vertiginoso de la tasa de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en Costa Rica

Al analizar brevemente las recientes observaciones realizadas por otra entidad internacional, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al informe de Costa Rica, nos permitimos referir (ver nuestra modesta nota publicada en DerechoalDía del 10 de abril del 2016) a un aspecto que, según todo pareciera indicar, no ha despertado mayor interés por parte de la prensa nacional y mucho menos por parte de las autoridades costarricenses:

"Finalmente, entre muchos de los señalamientos realizados, quisiéramos incluir en estas muy breves referencias lo que se lee en el punto 25 por parte del Comité de Derechos Humanos, y que ameritaría una explicación detallada por parte de las autoridades: “25. Preocupa al Comité que el Estado parte no haya proporcionado información sobre investigaciones y sanciones por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del orden en centros de detención y por miembros de la Policía, especialmente relacionadas con tortura y malos tratos (art. 7 y 10) ”.

Tampoco se ha tenido registro de sanciones contra funcionarios penitenciarios cuyo comportamiento, en el 2011, a raíz de un intento de fuga, dio lugar a la siguiente aseveración por parte del MNP de Costa Rica (ver informe del MNP sobre visita efectuada el 24/05/2011): “Indicaron que los agentes de seguridad del Sistema Penitenciario les destruyeron todas las pertenencias personales que tenían en la celda, tales como televisores, radios, la espuma para dormir, los implementos de higiene y toda la ropa, a tal grado que algunas personas se quedaron solamente con la ropa interior, por lo que algunos compañeros de otras celdas los tuvieron que suplir con ropa. Indicaron que los agentes de seguridad penitenciaria ingresaban a las celdas y les arrojaban el café y agua en la cabeza, además, los maltratos de palabra, amenazas de muerte y las agresiones psicológicas son frecuentes. En forma general las personas privadas de libertad indicaron que en los últimos nueve días cesaron las agresiones físicas por parte de los agentes de seguridad penitenciaria, no así las amenazas de muerte, las provocaciones y las agresiones. Además manifestaron que la escuadra de seguridad que estaba laborando el día de los hechos es la que realizó las agresiones físicas y la que ha estado efectuando agresiones psicológicas y provocaciones”.

A modo de conclusión: el resultado de advertencias desoídas

Sin lugar a dudas, la situación de las personas privadas de libertad se ha convertido en Costa Rica en un verdadero lunar en materia de derechos humanos. Recomendaciones de unos y otros no parecieran encontrar eco alguno ante un parco aparato estatal. Una obra que lleva el sello de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) publicada en el 2003 concluía ya que:

Mientras tanto, en lo que respecta a esta realidad tantas veces invisibilizada, todo indica que tras los muros de la prisión costarricense sigue prevaleciendo el “universo del no-derecho”, cimentado sobre la persistente devaluación de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad” (Nota 4). Una zona de “no derecho” en un Estado de Derecho constituye un señalamiento que, en buena teoría, debiera ser inmediatamente objeto de atención por parte de sus autoridades: en efecto, el “no derecho” desatendido tiende, usualmente, a extenderse.

Hace unos años, en esta breve nota de Informa-tico publicada el 25 de junio del 2014, titulada "Día Internacional de la lucha contra la Tortura y los malos tratos La lucha contra la tortura y los malos tratos en Costa Rica", nos permitíamos concluir nuestras líneas con las palabras redactadas en el 2001 (es decir hace ... 15 años) por el entonces Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica:

"Nuevamente, ante reclamos desatendidos y advertencias desoídas, se recurre a entidades internacionales, con una leve diferencia con relación a otras experiencias recientes: no se trata de víctimas o de comunidades indignadas por la desatención del Estado a sus legítimos reclamos, sino que se trata esta vez del mismo Estado costarricense procediendo a hacer un llamado a estas entidades internacionales… para forzarlo (¿forzarse?) a cumplir con exigencias mínimas en cuanto a condiciones de detención se refiere. Las consecuencias para un sistema penitenciario (ya colapsado) de las políticas represivas de las últimas administraciones debería de constituir un primer ejercicio al que se proceda, en aras de encontrar vías y soluciones duraderas a un problema que, lejos de circunscribirse a las paredes de una cárcel, afecta a la sociedad costarricense como tal. Ya en el año 2001 el Presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, Luis Paulino Mora alertaba: “Con mucha razón se ha dicho que el grado de verdadera democracia y libertad de un país puede medirse por el tipo de cárceles que tenga. Si ello es así, vergüenza nos da a muchos vernos en el espejo de cárceles desgarradas” (Nota 5).

Pese a esta y otras innumerables advertencias hechas, sea desde fuera de Costa Rica o desde la misma Costa Rica, sea desde el mismo sistema judicial, sea desde fuera del mismo, la situación ha ido empeorando. Con relación a las diversas sentencias judiciales relacionadas a la Unidad de San Sebastián, sería muy interesante verificar si no estamos ante un caso en el que el Estado costarricense se muestra particularmente renuente a acatar lo que le ordenan… sus propios jueces.



--- Nota 1: Remitimos a nuestro lector a la descripción detallada de dicho proceso de negociación internacional en el que Costa Rica puso a disposición de este instrumento lo que posiblemente haya sido el mejor equipo de su aparato diplomático en muchos años en IIDH - APT, EL Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, San José- Ginebra, APT / IIDH, 2004, en particular páginas 50-73. Texto completo de la obra disponible aquí.

Nota 2: En el caso de España, además de fustigar la falta de transparencia en el diálogo durante el proceso de designación del MNP español (ver nota de la AEDIDH - Asociación Española para la Aplicación del Deercho Internacional de los Derechos Humanos - del 2007), se criticó duramente la designación de la Defensoría del Pueblo como MNP. Se lee en un comunicado de varias ONG españolas del 2010 que: “al estar incluido dentro de la estructura de otra institución del Estado, no se garantiza su independencia funcional del Mecanismo, ni dispondrá de recursos y financiación propios y diferenciados; al estar dentro de la estructura del Defensor del Pueblo, la amplitud de su mandato podría hacer que pasara desaperciba la función de prevención del mecanismo, basado en las visitas periódicas y que requieren alto grado de especialización”. Se leyó, por parte de especialistas, que. “Sería recomendable, si se quiere potenciar el impacto del Protocolo, que en España se optase por la creación de un órgano mixto en el que tuviesen cabida el Defensor del Pueblo y las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo no solo a las ONG, sino también al sector académico, las asociaciones de familiares de presos, asociaciones religiosas, etc…”: véase CEBADA ROMERO A., “El Protocolo Facultativo a la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y los centros de internamiento de extranjeros en España”, in MARIÑO MENENDEZ F.M. & CEBADA ROMERO A. (Editores), La creación del mecanismo español de prevención de la tortura, Madrid, Iustel, 2009, pp. 195-221, p. 211.

Nota 3: El suscrito tuvo la oportunidad de asistir a tres de las cuatro rondas de consultas que se organizaron en México entre el 2005 y 2007 entre autoridades nacionales y organizaciones mexicanas de la sociedad civil, con presencia de observadores internacionales (León, Guanajuato, diciembre del 2005; Querétaro, mayo del 2006 y México DF, marzo del 2007). Perceptible, y pese a los ingentes esfuerzos de organismos internacionales invitados a participar y facilitar el diálogo, la desconfianza pareció imponerse ronda tras ronda y, al final, la designación inconsulta por parte de las autoridades de México de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como MNP en el 2007, evidenció que la desconfianza por parte de las organizaciones de la sociedad civil era fundamentada. El mismo miembro mexicano del Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura, el académico Miguel Sarre es enfático: “es inaceptable que la CNDH monopolice la función de MNP, cuando sólo debiera ser una parte, una pieza del mecanismo que ya constituye el sistema nacional no jurisdiccional de protección a los derechos humanos en México, formado por 32 comisiones públicas locales de derechos humanos y la CNDH”: véase SARRE M., “El Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura: un instrumento generador de cambios estructurales necesarios para prevenir la tortura”, in MARIÑO F.M. MENENDEZ & CEBADA ROMERO A. (Editores), La creación del mecanismo español de prevención de la tortura, Madrid, Iustel, 2009, pp. 99-116, p.113. Las conclusiones y recomendaciones de estas cuatro consultas en México están consignadas en, OACNUDH, Oficina de México, Aportes al debate sobre el diseño e implementación en México del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, México DF, 2008, pp. 323-345. Texto de esta publicación disponible aquí.

Nota 4: Véase CHAN MORA G. y GARCÍA AGUILAR R., Los derechos fundamentales tras los muros de la prisión, CONAMAJ, San José, 2003, p. 214.

Nota 5: Véase MORA L.P., “Sobrepoblación penitenciaria y derechos humanos: la experiencia constitucional ”, in CARRANZA E., (Coord.), Justicia Penal y sobrepoblación penitenciaria, San José, ILANUD, 2001, pp. 58-84, p. 84.





La presente nota fue editada en Elpais.cr el 23/08/2016 y una versión recogida en Informa-tico el 22/08/2016 y en DerechoalDia el 17/08/2016.

viernes, 5 de agosto de 2016

SEGUNDO SONDEO EN EL SENO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE CARA A LA ELECCION DEL SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS

Foto de Christiana Figueres con el actual Secretario General Ban ki Moon de Naciones Unidas, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius y el Presidente Francois Hollande, en la clausura de la Cumbre sobre Cambio Climático, diciembre del 2015. Foto extraída de nota de prensa de Naciones Unidas

El pasado Viernes 5 de agosto, se procedió a un segundo ejercicio confidencial en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tendiente a ponderar y a valorar los apoyos de cada uno de los doce candidatos que pretenden ocupar la silla de Secretarío General.

Cabe recordar que un primer sondeo confidencial del que se conocieron los resultados pocas horas después de realizado tuvo lugar el pasado 21 de julio (ver nota en este mismo blog). En la actualidad, además de los cinco Miembros Permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) los siguientes Estados miembros del Consejo son: por América Latina, Uruguay y Venezuela, por Africa, Angola, Egipto, Senegal, por Europa Occidental, España, por Europa Oriental, Ucrania, por Asia, Japón y Malasia y finalmente por Oceanía, Nueva Zelanda. En vez de votar a favor o en contra o abstenerse, se dispuso nuevamente de tres papeletas indicando simplemente:"encourage","discourage" o bien "no opinion". El obtener un resultado sin ningún "discourage" es la meta para muchos de los aspirantes al puesto.

Como bien se sabe, la última postulación oficializada fue la de la candidata de Costa Rica, al presentar sus autoridades la candidatura de Christiana Figueres el pasado 7 de julio del 2016 en el Teatro Nacional (ver nota en este mismo blog). Se leyó en esta nota de El Pais (España) sobre esta candidatura que: “No hay que llegar primero, pero hay que saber llegar”, añadió Figueres, tratando de transmitir confianza sobre lo que algunos creen es una quijotada". Con relación a los cinco Miembros Permanentes en el Consejo de Seguridad, es de notar que Costa Rica lleva ya - sin que hayan trascendido mayores explicaciones - más de dos años sin tener Embajador designado oficialmente en Moscú, lo cual fue recientemente objeto de un interesante artículo de opinión del politólogo costarricence Claudio Alpizar. Es de señalar que Costa Rica en el 2014 formó parte de un pequeño grupo de Estados (Alemania, Canadá, Lituania, Polonia y Ucrania) que presentaron un proyecto de resolución sobre Crimea en la Asamblea General de Naciones Unidas (ver nuestra breve nota editada en DIpúblico): el texto de dicha resolución fue aprobado por 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones, mientras que 24 Estados decidieron no participar en dicha votación.

Con relación a la labor a desplegar por parte de la diplomacia costarricense con la candidatura de Christiana Figueres, se leyó en esta entrevista de La Nación al canciller costarricense que: "Va a ser una campaña de talento, de absoluto compromiso, en el que, además, los diplomáticos costarricenses, tan criticados muchas veces, cuestionados en muchas otras ocasiones, tendrán la oportunidad de demostrar la madera de la que están hechos. No solamente los que están en la ONU, sino, también, los que están en la Cancillería, en las embajadas. En esta candidatura vamos a tener que poner a trabajar a todo el mundo".

Durante el primer sondeo realizado el 21 de julio del 2016, las dos candidatas por América Latina, Christiana Figueres (Costa Rica) y Susana Malcorra (Argentina) quedaron muy alejadas de las primeras posiciones. Se lee en esta nota de prensa que: "Figueres obtuvo cinco votos a favor, cinco en contra y cinco países que no se pronunciaron sobre ella, situándose en el grupo de cola, mientras que Malcorra tuvo un resultado algo mejor (7 a favor, 4 en contra y 4 sin definir), pero lejos de la cabeza".

Figura con resultados del sondeo del 21 de julio extraido de esta nota de prensa neozelandesa titulada "Helen Clark looking for stronger result in second secret United Nations poll".

Horas después de la votación confidencial realizada en Nueva York este Viernes 5 de agosto, se indicó en una primera nota de la agencia Reuters los resultados, que confirman la primera posición (nuevamente) para el candidato de Portugal (ver nota de prensa). En esta nota de prensa de El Pais (España)se lee que el candidato de Portugal, "Antonio Guterres recibió once apoyos en esta segunda ronda". Y que el candidato de Serbia y la de Argentina se colocaron en 2o y 3er lugar respectivamente: "Jeremic y Malcorra cuentan con el respaldo de ocho miembros cada uno, pero en el caso de la ministra argentina hay seis países que le desanimaron a seguir adelante". El detalle de los "encourage", "discourage" y "no opinion" obtenidos por los 11 candidatos se encuentran al final de esta nota de Eldiario24.com. Las posiciones se detallan a continuación, en la que se debe indicar desde ya que entre las seis primeras posiciones, cuatro corresponden a nacionales de Europa del Este, una región que exije al mundo saldar una vieja deuda de Naciones Unidas con ella:



Notemos que el candidato de Portugal cuenta ahora con dos "discourage" en este segundo sondeo (que no tenía en el primer ejercicio realizado), lo cual plantea una leve duda al no tenerse certeza de sí provienen (o no) de algunos de los cinco Miembros Permanentes o de uno de ellos. Con tan solo un voto en contra de uno de los cinco Miembros Permanentes, hay que buscar a otro candidato o bien negociar con este Miembro Permanente para que cambie de parecer. Al ser el candidato de Portugal seguido en una lejana segunda posición por el de Serbia, un fino observador podrá apreciar si no hay detrás de estos dos "discourage" una velada advertencia política enviada a quiénes promueven y apoyan al candidato de Portugal. Y si estos dos nuevos "discourage" para el candidato de Portugal no son ajenos a los dos nuevos "discourage" que aparecen para la candidata de Argentina (que pasó de 4 a 6 discourage). Para posibles candidatos que podrían verse como candidatos de "consenso" ante la eventual pugna por los candidatos de Portugal, de Serbia y de Argentina entre los cinco Miembros Permanentes, estos dos "discourage" pueden constituirse en un claro mensaje para renovar y reforzar sus aspiraciones futuras.

Además del notable ascenso a un tercer lugar de la candidata de Argentina con relación al primer sondeo (octavo lugar), es interesante notar que el candidato de Eslovenia Danilo Turk, quién durante la primera ronda realizada en julio, se ubicaba en segundo lugar, ahora "es cuarto, cuenta con siete miembros del Consejo de Seguridad a su favor mientras que cinco ponen en cuestión sus continuidad". Merece también mención el hecho que el candidato de Serbia pasara del 4o lugar a ocupar el 2o lugar en esta última votación, con 8 votos a favor, cuatro "discourage" y dos "no opinion". En Nueva Zelanda, se reportó en esta nota de prensa que su candidata Helen Clark externó su desilusión al conocer los resultados obtenido, que la colocarían en el 6o o 7o lugar: "Clark's "encourage" votes have slipped from 8 to 6, her "discourage" votes have increased from 5 to 8, and "no opinion" votes have gone from 2 to 1, according to Foreign Policy magazine". Con relación a la candidata de Bulgaria, actual Directora General de la UNESCO, pasó de la tercera a la quinta posición, con una votación igualitaria de 7 a favor, 7 en contra y 1 sin opinión.

Con relación a la candidata de Costa Rica en este segundo sondeo, una nota de Climatechangenews titulada "UN security council dampens Figueres hopes for top job" registra el resultado obtenido. En Costa Rica, se leyó en esta nota del programa radial de Amelia Rueda que quedó en la octava posición, sin que se precisara el número de votos obtenidos. En lo que posiblemente sea la única nota periodística que haya reportado en Costa Rica datos al respecto, se lee que obtuvo 5 "encourage", 8 "discourage" y dos "no opinion": los resultados obtenidos por los candidatos de Costa Rica, Eslovaquia, Macedonia, Moldavia y Montenegro se pueden apreciar en el recuadro realizado en esta misma nota del medio digital costarricense Elmundo.cr.

Este segundo ejercicio en Nueva York fue antecedido de la renuncia 24 horas antes de la candidata de Croacia, Vesna Pusic (ver nota de prensa). Este segundo sondeo permite ahora a cada candidato/a (y al aparato diplomático que lo/a acompaña) valorar los resultados de las gestiones diplomáticas realizadas desde el pasado 21 de julio (así como las realizadas por cada uno de sus contendores) e identificar obstáculos o algunas lagunas en aras de ir paulatinamente solventándolos. No se descarta que algunos candidatos se retiren en los próximos días, en particular los que consiguieron en esta segunda ronda una gran cantidad de "discourage". Otros deberán evaluar si, pese a mantener resultados desfavorables para sus aspiraciones, pueden o no mejorar sus marcas con ocasión del próximo sondeo a realizarse.





La presente nota fue publicada en el sitio jurídico especializado de DIPúblico, así como en Elpais.cr, en Hablandoclaro (Radio Columbia),en Periodistas-es así como en Alainet el 9/08/2016.

lunes, 1 de agosto de 2016

JUEZ ORDENA CIERRE DE CARCEL EN COSTA RICA: BREVE PUESTA EN CONTEXTO

"El grado de civilización de una sociedad se mide entrando a sus cárceles”, Fiódor Mijailovich Dostoyevski

Medios de prensa han anunciado en estos días la decisión del juez Roy Murillo en Costa Rica de ordenar al Estado costarricense el cierre definitivo de la cárcel de San Sebastián, por tratarse de una verdadera "jaula humana" (ver nota de La Nación). En esta otra nota del medio digital CRHoy, se precisa que el Estado deberá reubicar a 1260 personas privadas de libertad.

Recordemos que hace tres años, se leyó por parte de otra entidad costarricense a cargo de visitas regulares a los centros de detención en Costa Rica (ver nota de La Nación del 28 de mayo del 2013), que: "La Defensoría de los Habitantes consideró que las cárceles costarricenses “son depósitos de personas que violan la dignidad humana tanto de reos, como del personal técnico y de seguridad. Así se consignó en el informe anual sobre la situación en el 2012, del sistema penitenciario, trabajo elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría".

Como es bien sabido, las cárceles de un Estado constituyen lugares sombríos, mantenidos voluntariamente en una suerte de oscuridad institucionalizada: la única ventana de esperanza para los que en ellos cohabitan a diario, es la luz que puede arrojar la visita de un ente fiscalizador externo al sistema carcelario como tal. Precisamente, entre 1991 y el 2002, Costa Rica lideró exitosamente las negociaciones en el seno de Naciones Unidas que culminarían con la aplastante adopción de un novedoso instrumento, bajo la forma de un protocolo facultativo, con tan solo cuatro votos en contra: Estados Unidos, Islas Marshall, Nigeria y Palau. El objetivo de este instrumento internacional arduamente negociado es el de prevenir significativamente los malos tratos y la tortura en los centros de privación de libertad con base en un sistema de visitas regulares a lugares en los que, por alguna razón, personas se encuentren privadas de libertad (remitimos al lector a la descripción detallada de dicho proceso de negociación internacional, en páginas 50-73 de esta publicación del IIDH).
Imagen extraía de portada de publicación sobre la implementación del Protocolo Facultativo a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, (APT/Suiza).

Más recientemente, en el mes de marzo del 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de la inspección in situ realizada por otro ente habilitado a realizar visitas, el Relator sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad en febrero del mismo año, había hecho públicas sus recomendaciones al Estado costarricense sobre el deplorable estado en el que se encuentran sus cárceles (ver informe detallado reproducido en esta nota de este mismo blog).

Mencionemos que el tema de la privación de libertad ha generado en Costa Rica valiosas iniciativas, como por ejemplo el ofrecer espacios para el arte y la cultura a los privados de libertad (ver nota sobre presentación en la Alianza Francesa de un poemario del 2014, así como esta nota sobre encuentro sobre danza y cárceles del 2011 y el artículo de la Revista Perfil "El arte, redescrubiendo a los privados de libertad" del 2011 ); también merece mención la elaboración y venta directa de artesanías en exposiciones nacionales por parte de privados de libertad (ver nota de CRHoy del 2013). Las posibilidades de trabajo de los privados de libertad fue objeto de una interesante tesis (ver texto completo) de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR), por parte de la entonces estudiante Maricel Gómez Murillo, en cuanto a su alcance real en la práctica y las mejoras requeridas. Según el autor de otra tesis universitaria (ver nota publicada en el Semanario Universidad del 2013) "para los privados de libertad, la oportunidad de participar en la expresión creativa puede convertirse en una experiencia exitosa en cuanto a su rehabilitación y sus procesos de reeducación, pues se ha demostrado que el disfrute y los logros alcanzados propician una reintroducción al sistema educativo de muchos de ellos".

No obstante estas y muchas otras loables iniciativas que no dejan rastro alguno en medios de prensa, las condiciones de hacinamiento y el deterioro de la infraestructura están alcanzado niveles tan críticos en Costa Rica, que hacen a un lado estos esfuerzos, e interpelan al sistema carcerlario costarricense y a la sociedad costarricense como tal.

Según se lee en la parte final de la orden de cierre definitivo de la Unidad de San Sebastián con fecha del 20 d ejulio del 2016 (ver texto completo), para el juez ejecutor de la pena Roy Murillo:

"En definitiva la cárcel de San Sebastián es hoy una jaula humana deteriorante, aplastante y humillante y esa situación no puede ser tolerada por esta autoridad. El hacinamiento unido a las pésimas condiciones de infraestructura y la gravísima limitación para el acceso a luz y ventilación natural –nótese que se trata de una estructura de tres niveles donde los pocos espacios para la luz y el aire se han ido limitando por razones de seguridad al techar esos accesos- han convertido ese espacio carcelario en un calabozo gigante. Nos encontramos ante un evidente ejercicio de terror de Estado que no es válido en una Democracia y que no puede prolongarse sino que por el contrario se hace necesario cesar con urgencia. Ya no se trata solamente de un problema de hacinamiento sino de una infraestructura y condiciones penitenciarias deterioradas y lesivas de la dignidad humana. Son más de veinte años que la autoridad judicial ordinaria y constitucional ha esperando soluciones y la degradación y trato inhumano que esa cárcel impone no puede tolerarse bajo ningún motivo o razón.Conforme el pacto fundacional de la sociedad democrática costarricense, ni un solo ciudadano puede ser expuesto a condiciones degradantes y humillantes como las que impone el Centro de Atención Institucional de San José.”.



Gráfico publicado en el 2014 por el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de Costa Rica, órgano técnico adscrito a la Defensoría de los Habitantes, sobre el aumento vertiginoso de la tasa de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en Costa Rica

Es menester indicar que una solicitud del mismo juez Roy Murillo relacionada con la Unidad de San Sebastián, sólidamente respaldada desde el punto de vista técnico (ver nota de La Extra), había ordenado que no se aceptaran más personas en San Sabastián (véase texto completo de las medidas correctivas del 24 de setiembre del 2013, reproducidas por Derechoaldia). Se leyó en aquel entonces por parte de la jurista Cecilia Sánchez Romero, quién ostenta desde el 2015 la cartera del Ministerio de Justicia en Costa Rica (ver nota publicada en DerechoalDia), que: "No permitamos hoy que la propia institución conspire contra esta garantía, pretendiendo someter a revisión la decisión de un juez de ejecución de la pena, que no ha hecho más que cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Un juez que resuelve con fundamento jurídico, con apoyo en normativa procesal, con sólido respaldo de pronunciamientos de la Sala Constitucional en la materia y, por supuesto, con un elemental sentido de humanidad".

La situación de los privados de libertad dentro de un Estado no escapa al ámbito del derecho internacional: cuando en materia de derechos humanos, se habla de la lucha contra la tortura (o su prevención), se incluye también la lucha contra los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que violentan los principios más básicos de la dignidad humana: los malos tratos que lleguen a calificarse como inhumanos, o crueles, o degradantes, son tan violatorios como la tortura, razón por la que ambas expresiones son indivisibles y así consta en los numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos. Los estándares internacionales, en particular los establecidos en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, así como la jurisprudencia en materia de integridad personal y privación de libertad (ver estudio) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen a ese respecto una útil guía para los Estados del hemisferio americano. En uno de sus fallos (caso Montero Aranguren y otros versus Venezuela), la Corte Interamericana sentenció que: “el espacio de aproximadamente 30 centímetros cuadrados por cada recluso es a todas luces inaceptable y constituye en sí mismo un trato cruel, inhumano y degradante, contrario a la dignidad inherente del ser humano y, por ende, violatorio del artículo 5.2 de la Convención” (párr. 89). Para dar otro ejemplo en América Latina, el Procurador General en Colombia en el año 2003 ya advertía en un pronunciamiento (ver texto completo) que: “De acuerdo con el parámetro internacional, cualquier sistema de reclusión o prisión que trabaje bajo condiciones de hacinamiento superiores a 20 por ciento (es decir, 120 personas recluidas por 100 plazas disponibles) se encuentra en estado de “sobrepoblación crítica”. Una situación de “sobrepoblación crítica” puede generar violaciones o desconocimiento de los derechos fundamentales de los internos” (p. 3).

Foto extraída de artículo de prensa del 2015 titulado "Hacinamiento en cárceles alcanza cifra récord de 51%", La Nación (Costa Rica), 11 de marzo del 2015

Al analizar brevemente las recientes obervaciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al informe de Costa Rica, nos permitimos referir (ver nota publicada en DerechoalDía del 10 de abril del 2016) a un aspecto que, según todo parece indicar, no despertó mayor interés por parte de la prensa nacional y mucho menos por parte de las autoridades: "Finalmente, entre muchos de los señalamientos realizados, quisiéramos incluir en estas muy breves referencias lo que se lee en el punto 25 por parte del Comité de Derechos Humanos, y que ameritaría una explicación detallada por parte de las autoridades: “25. Preocupa al Comité que el Estado parte no haya proporcionado información sobre investigaciones y sanciones por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del orden en centros de detención y por miembros de la Policía, especialmente relacionadas con tortura y malos tratos (art. 7 y 10) ”.

Sin lugar a dudas, la situación de las personas privadas de libertad se ha convertido en Costa Rica en un verdadero lunar en materia de derechos humanos. Ello, pese a las innumerables advertencias hechas por unos y otros, sea desde fuera de Costa Rica o desde la misma Costa Rica, sea desde el mismo sistema judicial, sea desde fuera del mismo. Y ello desde hace muchos años. En esta breve nota de Informa-tico publicada el 25 de junio del 2014, titulada "Día Internacional de la lucha contra la Tortura y los malos tratos La lucha contra la tortura y los malos tratos en Costa Rica", nos permitimos citar palabras redactadas en el 2001 (es decir hace ... 15 años) por el Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: "Nuevamente, ante reclamos desatendidos y advertencias desoídas, se recurre a entidades internacionales, con una leve diferencia con relación a otras experiencias recientes: no se trata de víctimas o de comunidades indignadas por la desatención del Estado a sus legítimos reclamos, sino que se trata esta vez del mismo Estado costarricense procediendo a hacer un llamado a estas entidades internacionales… para forzarlo (¿forzarse?) a cumplir con exigencias mínimas en cuanto a condiciones de detención se refiere. Las consecuencias para un sistema penitenciario (ya colapsado) de las políticas represivas de las últimas administraciones debería de constituir un primer ejercicio al que se proceda, en aras de encontrar vías y soluciones duraderas a un problema que, lejos de circunscribirse a las paredes de una cárcel, afecta a la sociedad costarricense como tal. Ya en el año 2001 el Presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, Luis Paulino Mora alertaba: “Con mucha razón se ha dicho que el grado de verdadera democracia y libertad de un país puede medirse por el tipo de cárceles que tenga. Si ello es así, vergüenza nos da a muchos vernos en el espejo de cárceles desgarradas”.





La presente nota fue publicada en una versión mas extensa en el sitio jurídico de Ius360 el 12/08/2016, de La Voz del Derecho así como de DerechoalDia el 8 y el 4/08/2016. De igual manera fue publicado en Piensa Chile y en Hablandoclaro (programa de Radio Columbia) el 9/08/2016, así como en el medio digital de Elpais.cr. De igual forma, de manera un tanto recogida, en Informa-tico, en Alainet y en Periodistas-es el 3/08/2016.

lunes, 25 de julio de 2016

CONTRA UNA INVOCACIÓN ABUSIVA DE LA LEGÍTIMA DEFENSA EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Graphic on the proportion between airstrikes in Syria launched by United States (blue color) and "Arab allies and Canada" (in red) from December 2014 to August 2015, published in this report of Airwars.org entitled: "First year of Coalition airstrikes helped stall Islamic State – but at a cost"



Desde varias semanas circula en la red un llamado colectivo suscrito por una gran cantidad de profesores de derecho internacional, asistentes e investigadores, titulado “Contra una invocación abusiva del derecho de legítima defensa para hacer frente al terrorismo” ( A plea against the abusive invocation of self-defence as a response to terrorism - Contre une invocation abusive de la légitime défense pour faire face au défi du terrorismo). Entre los suscriptores, que ya llegan a los 230 profesores y casi medio centenar de asistentes/investigadores (véase la lista disponible aquí al 29 de julio - reproducida al final de esta nota - y regularmente actualizada por el Centre de Droit International de l´Université Libre de Bruxelles, ULB) , encontramos a renombrados miembros de la comunidad académica del derecho internacional, así como a docentes e investigadores mucho más jóvenes provenientes de diversas partes del mundo. El objetivo de este manifiesto colectivo consiste en denunciar la invocación abusiva del argumento jurídico de la legítima defensa por parte de los Estados en el contexto de la lucha contra el denominado “Estado Islámico” (más conocido por sus siglas ISIS, EJIL o Daesh).

La legítima defensa en la Carta de San Francisco de 1945

Como bien se sabe, la Carta de Naciones Unidas es extremadamente clara con relación a la única excepción a la prohibición del uso de la fuerza consagrada como tal desde 1945: la legítima defensa (y las operaciones militares realizadas con la aprobación del Consejo de Seguridad bajo el Capítulo VII de la Carta). No obstante, desde el 11/S, diversas interpretaciones hechas por Estados Unidos y por sus aliados con relación a la noción de legítima defensa intentan justificar legalmente acciones militares unilaterales o colectivas en el territorio de otros Estados, sin contar con el consentimiento previo de sus autoridades. La compilación sistemática de cada bombardeo registrado en Siria y en Irak por parte de la denominada “coalición” liderada por Estados Unidos (véase los ilustrativos gráficos realizados por la ONG Airwars.org) evidencia que las bombas que caen en suelo sirio e iraquí provienen en su inmensa mayoría de aeronaves norteamericanas. En una reciente nota publicada en el sitio del European Journal of International Law (EJIL) sobre este mismo llamado colectivo, se lee que: “Particularly since 9/11, several States have supported a broad reading of the right to use force in self-defence, as allowing them to intervene militarily against terrorists whenever and wherever they may be. A consequence of that conception is that any State could be targeted irrespective of whether that State has ‘sent’ the irregular (in this case terrorist) group to carry out a military action or has been ‘substantially involved’ in such an action” (Nota 1).

Las extrañezas de la diplomacia francesa

El uso de la fuerza de un Estado (o de una coalición de Estados) amparado en el ejercicio de la legítima defensa solo se puede realizar de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las reglas imperantes en derecho internacional, y en particular las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. Sobre este punto en particular, es de recordar que Francia presentó un sorprendente proyecto de resolución a los demás integrantes del Consejo de Seguridad días después de los atentados de Paris del 13 de noviembre del 2015 (véase el texto completo de la « blue version » circulada entre las delegaciones) evitando toda referencia a la Carta en su parte dispositiva: se trató, sin lugar a dudas, de una verdadera “première” de la diplomacia francesa en Naciones Unidas que ameritaba, como mínimo, ser señalada como tal (Nota 2). Como nos permitimos escribirlo en su momento en las páginas del sitio jurídico Derecho al Día, “… en la ciencia del derecho, la ambigüedad de los términos y la confusión que conlleva su uso son particularmente útiles cuando las reglas son claras. Resulta evidente la prontitud con la que los delegados de Francia intentaron justificar desde el punto de vista jurídico sus acciones militares en Siria, obviando el hecho que la resolución adoptada no refiere expresamente a acciones militares, las cuales solamente pueden ser las previstas en el Capítulo VII de la Carta” (Nota 3).

También tuvimos la oportunidad de analizar en una breve nota (titulada “Francia en guerra: breves apuntes desde la perspectiva internacional” publicada el 23/11/2015 en el sitio jurídico DIPúblico.org en Argentina) el juego de palabras al que Francia procedió de manera muy sutil días después de sufrir el atentado de París de noviembre del 2015. Nos permitimos reproducir parte de este texto ilustrado con una foto en la que el Presidente galo aparece posando con el primer diplomático que vino a visitarlo después de los atentados: el Secretario de Estado norteamericano John Kerry: “Lo que podríamos denominar un sutil “glissement sémantique” al que ha procedido Francia en días recientes responde en gran medida a la necesidad de justificar (de manera retroactiva) sus bombardeos del 27 de setiembre y los realizados después del 13 de noviembre. El representante francés en Naciones Unidas el pasado viernes 20 de noviembre fue muy explícito al respecto, después de aprobada una resolución por parte del Consejo de Seguridad: “Nos actions militaires, dont nous avons informé le Conseil de sécurité dès l’origine, étaient justifiées par la légitime défense collective. Elles peuvent désormais se fonder également sur la légitime défense individuelle, conformément à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies », a expliqué M. Delattre » (ver comunicado de prensa oficial del 21/11/2015 de Naciones Unidas). Es de notar que la referencias a la Carta de las Naciones Unidas incluidas en la resolución 2239 (2015) adoptada de forma unánime por el Consejo de Seguridad se deben a las enmiendas propuestas por Rusia al texto original propuesto por Francia”.

El llamado de los especialistas en derecho internacional

El texto de este llamado de la comunidad académica especializada del derecho internacional, que han suscrito diversos especialistas en derecho internacional (texto disponible aquí en francés, en inglés, en portugués, en español y en árabe) considera, entre otros puntos que:

« De esta manera, ha sido justificado, en nombre de la legítima defensa, un número importante de intervenciones militares, como aquella contra Al-Qaida, el Levante (EIIL, también conocido como Daesh), o contra grupos afines. Si bien algunos Estados han minimizado dichos precedentes por su carácter excepcional, existe un gran riesgo que el derecho de legítima defensa se transforme rápidamente en una llave que permita justificar de manera sistemática el origen de acciones militares en todas las direcciones y en forma unilateral. Ahora bien, sin oponernos por principio al uso de la fuerza contra los grupos terroristas - particularmente en el actual contexto de la lucha contra Daesh – nosotros, profesores e investigadores en derecho internacional, estimamos que dicha invocación creciente del derecho de legítima defensa es objetable. El derecho internacional prevé en efecto una serie de medidas para luchar contra el terrorismo que deberían ser utilizadas previo a la invocación de la legítima defensa ».

Para los firmantes del texto,

«… el terrorismo representa un desafío en lo concerniente a su prevención y represión, en particular esto implica la persecución y el juzgamiento de los autores de dichos actos terroristas. Las herramientas que ofrece el derecho en ese sentido son variadas: ellas hacen referencia principalmente a una cooperación policial et judicial, que posee como principal objetivo la represión de los crímenes cometidos y la prevención de su repetición. Si bien dicha cooperación merecería ser profundizada y mejorada, ella ha demostrado su eficacia en varias ocasiones, a través del desmantelamiento de redes, desbaratamiento de atentados o de la detención de sus autores. El hecho de situarse en forma inmediata en el plano de la “guerra contra el terrorismo” y la “legítima defensa”, haciendo referencia generalmente a un estado de excepción derogatorio del derecho común, podría desembocar en el riesgo de minimizar, olvidar o inclusive ignorar este último”.

Cabe señalar que académicos e investigadores en derecho internacional pueden aún suscribir este texto, ello hasta el próximo 31 de julio. El documento recuerda algunas verdades sobre el alcance preciso de ciertas reglas, que conocen perfectamente bien los diplomáticos en Nueva York, pero cuyos homólogos en el Consejo de Seguridad se han encargado de interpretar de manera ambigua, en particular desde el inicio de las operaciones militares aéreas en Siria (Nota 4).

Este verdadero manifiesto global en favor de una interpretación correcta de la Carta de 1945 precisa que:

« … es el Consejo de Seguridad a quien le incumbe, conforme al Capítulo VII de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la responsabilidad primordial en el ámbito del mantenimiento y el restablecimiento de la paz. Este último ha calificado en diferentes oportunidades al terrorismo internacional como una amenaza contra la paz y resulta lógico que, exceptuando los casos de urgencia que no permitan disponer del tiempo suficiente para su tratamiento, sea dicho órgano el responsable de decidir y, posteriormente, coordinar y supervisar una acción eventual de seguridad colectiva. La práctica consistente a confinarlo a un rol de productor de resoluciones ambiguas y con un alcance principalmente diplomático, como por ejemplo en el caso concerniente a la adopción del a resolución 2249 (2015) relativa a la lucha contra Daesh, debe ser superada en beneficio de un retorno a la letra y espíritu de la Carta, en orden a asegurar un punto de vista multilateral de la seguridad. /…/ El simple hecho que el Estado sea, a pesar de sus esfuerzos, incapaz de dar término a los actos terroristas en su territorio, no puede ser suficiente para justificar el bombardeo de su territorio sin su consentimiento. Dicho argumento no encuentra justificación alguna en los textos jurídicos existentes, ni en la jurisprudencia establecida por la Corte Internacional de Justicia. Su aceptación implicaría llevarnos a los abusos más graves y, como consecuencia de ello, las operaciones militares podrían llevarse a cabo contra la voluntad de un número importante de Estados, bajo el único pretexto que estos último no serían, a la vista la potencia interviniente, suficientemente eficaces en la lucha contra el terrorismo».

Con relación al otro Estado del hemisferio americano que ha acompañado a Estados Unidos en su campaña de bombardeos aéreos en Siria, en febrero del 2016, las nuevas autoridades electas en Canadá optaron por suspender todas los bombardeos aéreos en Siria, y también en Iraq. En esta nota oficial de las Canadian Armed Forces (CAF) se lee que: “In accordance with Government of Canada direction, the Canadian Armed Forces (CAF) ceased airstrike operations in Iraq and Syria on 15 February 2016. From their first sortie on 30 October 2014 to 15 February 2016, the CF-188 Hornets conducted 1378 sorties resulting in 251 airstrikes (246 in Iraq and 5 in Syria), expended 606 munitions and achieved the following effects: 267 ISIL fighting positions, 102 ISIL equipment and vehicles, and, 30 ISIL Improvised Explosive Device (IED) factories and ISIL storage facilities”.

Cabe mencionar que en el 2015, un jurista canadiense concluyó un muy completo artículo sobre las bases jurídica de los bombardeos aéreos canadienses en Siria y en Irak en los siguientes términos, que nos permitimos reproducir: “However, there is a further legal hurdle for Canada to overcome. Unless Canada can attribute ISIS´ attacks in Iraq to Syria, then the question becomes whether Canada may lawfully target ISIS, as a nonstate actor in Syria’s sovereign territory, using the ‘unwilling or unable’ doctrine to prevent ISIS’ extraterritoriality attacks against Iraq. This justification moves significantly away from the Nicaragua, Congo and Israeli Wall cases’ requirement for attribution. There appears to be a lack of consensus on whether opinion juris and state practice have accepted the “unwilling or unable” doctrine as customary international law. There is no escaping the conclusion that Canada’s air strikes on Syria are on shaky, or at least shifting, legal ground ” (Nota 5).

A modo de conclusión

Este manifiesto colectivo, ampliamente difundido en redes sociales, viene también a demostrar la solidez de la comunidad académica de especialistas en derecho internacional, unidos y dispuestos a demostrarlo cuando un grupo de Estados optan por una peligrosa deriva interpretativa que amenaza la base del ordenamiento jurídico internacional consagrado en 1945. Los firmantes del llamado colectivo, cuyo número aumenta día con día, incluyendo a académicos de diversas edades y partes del mundo, concluye reafirmando que:

«El orden jurídico internacional no puede reducirse a una lógica intervencionista similar a aquella que hemos conocido previo a la adopción de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Esta última tuvo como principal objetivo substituir las operaciones militares unilaterales por une sistema multilateral basado en la cooperación y en el role primordial del derecho y las instituciones. Sería dramático que, sobre la base de la emoción comprensible que genera la multiplicación de los atentados terroristas, terminemos por olvidar dichas características ».



Nota 1: Véase CORTEN O., « A Plea Against the Abusive Invocation of Self-Defence as a Response to Terrorism”, European Journal of International Law (EJIL Talk), July 14, 2016, disponible aquí .

Nota 2: Véase nuestra modesta nota publicada en Francia, BOEGLIN N., «Attentats à Paris: remarques à propos de la résolution 2249 », Actualités du Droit, 6 décembre 2015, disponible aquí . La misma fue publicada en español unos días antes en el sitio de Voltaire.net.org bajo el título, “La Resolución 2249 no autoriza a bombardear Siria”, 3 de diciembre del 2015, disponible aquí. También remitimos a lector a la nota redactada después del debate parlamentario acaecido en el Reino Unido a finales de noviembre del 2015 que concluyó con la autorización al Ejecutivo británico para proceder a bombardeos en Siria: BOEGLIN N. «Arguments based on UN resolution 2249 in Prime Minister´s report on airstrikes in Syria: some clarifications needed », Global Research, December 3, 2015, disponible aquí así como en el sitio de Human Rights Investigation, December 4, 2015, disponible aquí .

Nota 3: Véase nuestro breve análisis, BOEGLIN N., “Francia en guerra: breves apuntes desde la perspectiva del derecho internacional”, Derecho al Dia, 26 de Noviembre del 2015. Texto de la nota disponible aquí.

Nota 4: Sobre la controvertida noción de Estado « unwilling or unable » que justificaría, para algunos diplomáticos y militares, operaciones militares en su territorio sin contar con el consentimiento previo de sus autoridades, véase: CORTEN O., “The ‘Unwilling or Unable’ Test: Has it Been, and Could it be, Accepted?”, Leiden Journal of International Law, 2016. Texto completo del artículo disponible aquí .

Nota 5: Véase LESPERANCE R.J. , “Canada’s Military Operations against ISIS in Iraq and Syria and the Law of Armed Conflict”, Canadian International Lawyer, Vol. 10 (2015), pp. 51-63, p. 61. Texto completo del artículo disponible aquí .



Lista de firmantes al 29/07/2016



PROFESSEURS / PROFESSORS

1. Ricardo ABELLO GALVIS, Professeur, Universidad del Rosario (Bogotá, Colombie) 2. Georges ABI SAAB, professeur honoraire, Institut de Hautes études internationales et du développement 3. Carmen Gina ACHIMESCU, Assistant Professor, University of Bucharest 4. Boutheina AJROUD SABRI, Maître de conférences, Université de Carthage 5. Shin-ichi AGO, Professor, University of Ritsumeikan 6. Denis ALLAND, Professeur, Université de Paris 2 Panthéon-Assas 7. Niki ALOUPI, Professeure, Université de Strasbourg 8. Philip ALSTON, Professor, New York University 9. Julien ANCELIN, Maître de conférence, Université de Bordeaux 10. Paz ANDRES SAENZ DE SANTAMARIA, Catedrática, Universidad de Oviedo 11. Nicolas ANGELET, Professeur, Université libre de Bruxelles 12. Tony ANGHIE, Professor, University of Utah 13. Donald K. ANTON, Professor, Griffith University (Australia) 14. Constantine ANTONOPOULOS, Associate Professor, Democritus University of Thrace 15. Charalambis APOSTOLIDIS, Professeur, Université de Bourgogne FrancheComté 16. Walter AREVALO-RAMIREZ, Professor, Universidad del Rosario 17. Jean D’ASPREMONT, Professor, University of Manchester & University of Amsterdam 18. Alessandra ASTERITI, Professor, Leuphana University (Germany) 19. Mariano AZNAR, Catedrática, Universidad Jaume I 20. Rémi BACHAND, Professeur, Université du Québec, Montréal 21. Louis BALMOND, Professeur, Université de Toulon 22. Karine BANNELIER, Maître de Conférences HDR, Université Grenoble Alpes 23. Rafâa BEN ACHOUR, Juge, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples 24. Ilias BANTEKAS, Professor, Brunel University London 25. Paolo BARGIACCHI, Professor, Kore University of Enna (Italy) 26. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE, Professeure, Université Jean Moulin Lyon 3 27. Dr Annyssa BELLAL, Lecturer, Sciences Po Paris 28. Haykal BEN MAHFOUDH, Professeur, Université de Carthage 29. Nadia BERNAZ, Senior Lecturer, Middlesex University London 30. Abdelwahab BIAD, Maitre de conférences HDR, Université de Rouen 31. Christina BINDER, Professor, Universität Wien 32. Marion BLONDEL, Maître de conférence, Université de Bordeaux 33. Pierre BODEAU-LIVINEC, Professeur, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 34. Nicolas BOEGLIN, Professeur, Universidad de Costa Rica 35. Nerina BOSCHIERO, Dean of the Law Faculty, Università degli Studi di Milano 36. Michael BOTHE, Professor, Goethe University Frankfurt 37. Mouloud BOUMGHAR, Professeur, Université de Picardie 38. Susan BREAU, Professor, Professor, University of Reading 39. Antonis BREDINAS, Professeur émérite, University of Athens 40. Eva BREMS, Professeure, Ghent University 41. Wladimir BRITO, Professeur, Université du Minho (Portugal) 42. Bruce BROOMHALL, Professeur, Université du Québec à Montréal 43. Emiliano J. BUIS, Profesor adjunto, Universidad de Buenos Aires 44. Michael BYERS, Professor, University of British Columbia 45. Enzo CANNIZZARO, Professore ordinario, Università di Roma "La Sapienza" 46. Jorge CARDONA, Catedrática, Universidad de Valencia 47. Tony CARTY, Professor, Tsinghua University Law School Beijing 48. Julien CAZALA, Maître de conférences HDR, Université d’Orléans 49. Ludovic CHAN-TUNG, Maître de conférences, Université Grenoble Alpes 50. Vincent CHAPAUX, Professeur, Université libre de Bruxelles 51. Hilary CHARLESWORTH, Professor, Australian National University 52. Monique CHEMILLIER-GENDREAU, Professeure émérite, Université Paris Diderot 53. Théodore CHRISTAKIS, Professeur, Université Grenoble Alpes, Institut Universitaire de France 54. Carolina de Abreu Batista CLARO, Professor, International Relations Institute, University of Brasília 55. Luigi CONDORELLI, Professeur, Université de Florence ; Professeur honoraire, Université de Genève 56. Aristoteles CONSTANTINIDES, Assistant Professor, University of Cyprus 57. Olivier CORTEN, Professeur, Université libre de Bruxelles 58. Eric CORTHAY, Assistant Professor, Bahrain Polytechnic 59. Charles-Emmanuel COTE, Professeur, Université Laval 60. Claire CREPET DAIGREMONT, Maître de conférences, Université de Paris 2 Panthéon-Assas 61. Florian COUVEINHES MATSUMOTO, Maître de conférences, Ecole normale supérieure (Ulm) 62. Carmelo DANISI, Temporary Professor of International Law, University of Bologna (Forlì campus) 63. Eric DAVID, Professeur émérite, Université libre de Bruxelles 64. Sérgio Roberto DE ABREU, Professor, Universidade Luterana do Brasil 65. Géraud DE LA PRADELLE, Professeur émérite, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 66. Rui Aurelio DE LACERDA BADAR, Coordenador da Escola de Direito Internacional, Academia Brasileira de Direito Internacional 67. Arnaud DE NANTEUIL, Professeur, Université Paris Est-Créteil 68. Thaís DE OLIVEIRA, Professeure, Institut Federal de São Paulo 69. Olivier DE SCHUTTER, Professeur, Université catholique de Louvain 70. Kaouthar DEBBECHE, Maître de conférences, Université de Carthage 71. Barbara DELCOURT, Professeure, Université libre de Bruxelles 72. Cristian DELPIANO, Associate Professor, Universidad Catolica del Norte, Chile 73. Christophe DEPREZ, Maître de conférences, Université de Liège 74. Delphine DESCHAUX DUTARD, Maître de conférences, Université Grenoble Alpes 75. Giovanni DISTEFANO, Professeur, Université de Neuchâtel 76. Frederik DHONDT, Professor, VUB/UGent-FWO 77. Daniel DORMOY, Professeur émérite, Université PARIS-Sud/Paris-Saclay 78. Emmanuella DOUSSIS, Associate Professor, National and Kapodistrian University of Athens 79. Maria Luísa DUARTE, Professeure, Université de Lisbonne 80. Laurence DUBIN, Professeure, Université de Paris VIII 81. François DUBUISSON, Professeur, Université libre de Bruxelles 82. Geneviève DUFOUR, Professeure, Université de Sherbrooke 83. Ariel DULITZKY, Clinical Professor and Director of the Human Rights Clinic, University of Texas at Austin 84. Cynthia EID, Academic Consultant, Université de Montréal 85. Marina EUDES, Maître de conférence, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 86. Diego P. FERNANDEZ ARROYO, Professeur, Ecole de droit de Sciences Po Paris 87. Julian FERNANDEZ, Professeur, Université Paris 2 Panthéon Assas 88. Thibaut FLEURY GRAFF, Professeur, Université Rennes 1 89. Moustafa FOUAD, Professor, Tanta University, Egypt 90. Isabelle FOUCHARD, Chercheuse CNRS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 91. Erik FRANCKX, Professor, Vrije Universiteit Brussel 92. Duncan FRENCH, University of Lincoln, UK 93. Martin GALLIE, Professeur, Université du Québec à Montréal 94. Laura Victoria GARCIA-MATAMOROS, Professeure, Universidad del Rosario (Bogotá – Colombie) 95. Thierry GARCIA, Professeur, Université Grenoble Alpes 96. Albane GESLIN, Professeure, Science Po Lyon 97. Ghazi GHERAIRI, Enseignant, Université de Carthage 98. Habib GHERARI, Professeur, Université d’Aix-Marseille 99. Christine GRAY, Professor, University of Cambridge 100. James A. GREEN, Professor, University of Reading 101. Délber Andrade GRIBEL LAGE, Professor, PUC Minas (Brazil) 102. Julia GRIGNON, Professeure adjointe, Université Laval 103. Hajer GUELDICH, Professeure agrégée, Université de Carthage 104. Nabil HAJJAMI, Maître de conférences, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 105. Antenor HALLO DE WOLF, Assistant Professor, University of Groningen (The Netherlands) 106. Salwa HAMROUNI, Professeure, Université de Carthage 107. Sarah HEATHCOTE, Associate Professor, Australian National University 108. Mamadou HEBIE, Assistant Professor, Université de Leiden 109. Christian HENDERSON, Professor, University of Sussex 110. Kevin JON HELLER, Professor, SOAS, University of London 111. Etienne HENRY, Chargé d’enseignement, Université de Neuchâtel 112. Carlos-Miguel HERRERA, Professeur, Université de Cergy-Pontoise 113. Massimo IOVANE, Professore, Federico II University of Naples 114. Mirta Raquel IPPOLITI, Professor Adjunta Derecho Internacional Público, Universidad de la República (Uruguay) 115. Shawan JABARIN, Professeur vacataire, Université de Birzeit 116. Carlos JIMENEZ PIERNAS, Catedrática, Universidad de Alcalá (Madrid) 117. Sarah JOSEPH, Professor, Monash University (Australia) 118. Ioannis KALPOUZOS, Lecturer, City University London 119. Jörg KAMMERHOFER, Professor, University of Freibourg (Germany) 120. Maurice KAMTO, Professeur, Université de Yaoundé II 121. Joseph KAZADI MPIANA, Professeur associé, Université de Lubumbashi (R.D.Congo) 122. Yann KERBRAT, Professeur, Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) 123. Rahim KHERAD, Professeur émérite, Université d’Angers 124. Jan KLABBERS, Professor, University of Helsinki 125. Pierre KLEIN, Professeur, Université libre de Bruxelles 126. Robert KOLB, Professeur, Université de Genève 127. Martti KOSKENNIEMI, Professor, University of Helsinki 128. Vaios KOUTROULIS, Professeur, Université libre de Bruxelles 129. Noura KRIDIS, Professeure, Université de Carthage 130. Nico KRISCH, Professor, Graduate Institute of International and Development Studies (Geneva) 131. George D. KYRIAKOPOULOS, Lecturer, National and Kapodistrian University of Athens 132. Anne LAGERWALL, Professeure, Université libre de Bruxelles 133. Slim LAGHMANI, Professeur, Université de Tunis 134. Philippe LAGRANGE, Professeur, Université de Poitiers 135. Davorin LAPAS, Professor, University of Zagreb 136. Franck LATTY, Professeur, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 137. Sabine LAVOREL, Maître de Conférences HDR, Université Grenoble Alpes 138. Yves LE BOUTHILLIER, Professeur, Université d’Ottawa 139. Marco LONGOBARDO, Adjunct Professor, University of Messina 140. Mohamed LIMAM, Maître-assistant, Université de Sousse 141. Sarra MAAOUIA, Maître de conférences, Université de Carthage 142. Ahmed MAHIOU, Directeur de recherche émérite au CNRS, Université d’AixMarseille 143. Rafaëlle MAISON, Professeure, Université de Paris Sud 144. Catherine MAIA, Professeure, Université Lusófona de Porto (Portugal) 145. Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche CNRS, Université d’AixMarseille 146. Auguste MAMPUYA, Professeur, Université de Kinshasa 147. Ana MANERO SALVADOR, Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad Carlos III de Madrid 148. Pacifique MANIRAKIZA, Associate Professor, University of Ottawa 149. Itamar MANN, Professor, University of Haifa (Israel) 150. Jean-Christophe MARTIN, Professeur, Université Nice Sophia Antipolis 151. Anne-Charlotte MARTINEAU, Senior Research Fellow, Max Planck Institute Luxembourg 152. Wafa MASMOUDI, Professeure, Université de Carthage 153. Jean MATRINGE, Professeur, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 154. Makane Moïse MBENGUE, Professeur, Université de Genève 155. Frédéric MEGRET, Professor, McGill University 156. Khaled MEJRI, Maître de conférences, Université de Carthage 157. Luciano Meneguetti, Professor, Centro Universitário Toledo, Araçatuba/SP, Brazil 158. Panos MERKOURIS, Assistant Professor, University of Groningen 159. Mehdi MEZAGUER, Maître de conférences, Université Nice Sophia-Antipolis 160. Anne MILLET-DEVALLE, Maître de conférences HDR, Université de Nice Sophia Antipolis 161. Ivon MINGASHANG, Professeur, Université de Kinshasa 162. Mohamed Mahmoud MOHAMED SALAH, Professeur, Université de Nouakchott 163. Djamchid MOMTAZ, Professeur, Université de Téhéran 164. Isabelle MOULIER, Maître de conférences, Université d’Auvergne 165. Pablo MOSCOSO DE LA CUBA, Docente de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Catolica del Peru 166. Horatia MUIR WATT, Professeure, Sciences Po Paris 167. Valère NDIOR, Maître de conférences, Université de Toulouse 168. Raffaella NIGRO, Associate Professor, University Magna Græcia of Catanzaro 169. Maki NISHIUMI, Professor, Chuo University (Japan) 170. Anne-Thida NORODOM, Professeure, Université de Rouen 171. Gérard NYIUNGEKO, Professeur, Université du Burundi (Bujumbura) 172. Mary Ellen O’CONNELL, Professor, University of Notre Dame (USA) 173. Roger O’KEEFE, Professor, University College London 174. Yasuaki ONUMA, Professor, University of Tokyo 175. Anne ORFORD, Professor, University of Melbourne 176. Paolo PALCHETTI, Professeur, Università di Macerata 177. David PAVOT, Chargé de cours, Université de Sherbrooke (Canada) 178. Mehrdad PAYANDEH, Professor, University of Duesseldorf 179. Jeremy PERELMAN, Professeur, Sciences Po Paris 180. Xavier PHILIPPE, Professeur, Université d’Aix-Marseille 181. Mónica PINTO, Professeure, Universidad de Buenos Aires 182. Ioannis PREZAS, Maître de conférences HDR, Université Paris 1 PanthéonSorbonne 183. Mario PROST, Senior Lecturer, Keele University 184. René PROVOST, Professeur, McGill University 185. Aurélien RACCAH, Enseignant-chercheur à l'Université Catholique de Lille 186. Balakrishnan RAJAGOPAL, Associate Professor, Massachusetts Institute of Technology (USA) 187. Antonio REMIRO BROTONS, Professeur, Universidad autonoma de Madrid 188. Juan Manuel RIVERO GODOY, Profesor ayudante, Universidad de la República, (Uruguay) 189. François ROCH, Professeur, Université du Québec du Montréal 190. Ljubo RUNJIC, Ph.D., Lecturer in International Law, Polytechnic of Sibenik (Croatia) 191. Tom RUYS, Professor, Universiteit Gent 192. Muriel UBEDA-SAILLARD, Professeur, Université de Lille 2 193. Jean SALMON, Professeur émérite, Université libre de Bruxelles 194. François Xavier SALUDEN, chargé de cours, universités du Québec à Montréal, de Montréal, Laval (Canada) 195. Marco SASSOLI, Professeur, Université de Genève 196. Sergey SAYAPIN, Assistant Professor, KIMEP University (Kazakhstan) 197. Damien SCALIA, Professeur, Université libre de Bruxelles 198. Iain SCOBBIE, Professor, University of Manchester 199. Gabrielle SIMM, Chancellor's Postdoctoral Research Fellow, University of Technology, Sidney 200. Despina SINOU, Chargée de cours, Universités de Paris 2 Panthéon Assas et Paris 13 Nord 201. Pedro SLOBODA, Professor, Universidade Federal do Rio de Janeiro 202. Mounir SNOUSSI, Professeur, Université de Carthage 203. Michelle SOARES GARCIA, Professor, Faculdade Sao Lucas (Brasil) 204. Jean-Marc SOREL, Professeur, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 205. Agnieszka SZPAK, Assistant Professor, Nicolas Copernicus University, Toruń (Poland) 206. Paulina STARSKI, LL.B., Senior Research Fellow, Max Planck Institute for Comparative Public and International Law, PostDoc Bucerius Law School, Hamburg 207. Immi TALGREN, Research Fellow, Université d’Helsinki 208. Bérangère TAXIL, Professeure, Université d’Angers 209. Jean-François THIBAULT, Doyen, Faculté des arts et des sciences sociales, Université de Moncton, Canada 210. Dire TLADI, Professor, University of Pretoria 211. Soledad TORRECUADRADA GARCIA-LOZANO, Catedrática acreditada, Universidad Autónoma de Madrid 212. Mark TOUFAYAN, Professeur, Université du Québec en Outaouais 213. Marcos TOURINHO, Professor, Fundação Getulio Vargas, Brazil 214. Emmanuelle TOURME-JOUANNET, Professeure, SciencesPo Paris 215. Daniel TURP, Professeur, Université de Montréal 216. Antonios TZANOKOPOULOS, Associate Professor, University of Oxford 217. Vassilis P. TZEVELEKOS, Senior Lecturer in Law, University of Liverpool 218. Ntina TZOUVALA, Lecturer, Durham Law School, University of Durham 219. Kim VAN DER BORGHT, Professor, Vrije Universiteit Brussel 220. Carlos VILLAN-DURAN, Co-Director y Profesor en el Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá (Madrid) ; Presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 221. Ugo VILLANI, Professore ordinario, Universita degli studi di Bari Aldo Moro 222. Chiara VITUCCI, Professore, Seconda Università di Napoli 223. Christian WALTER, Professor, University of Munich 224. Karel WELLENS, Professeur émérite, Université de Nimègue 225. Ralph WILDE, Reader in Law, University College London 226. Myra WILLIAMSON, Associate Professor, Kuwait International Law School, Doha City 227. Paula WOJCIKIEWICZ ALMEIDA, Professor, Getulio Vargas Foundation Law School (Rio de Janeiro/Brazil) 228. Jan WOUTERS, Professor, Katholiek Universiteit Leuven 229. Eric WYLER, Professor, Graduate Institute of International and Development Studies (Geneva) 230. Hideo YAMAGATA, Professor, Nagoya University 231. Patrick ZAHND, Professeur, Sciences Po Paris 232. Mamoud ZANI, Professeur, IHE-Tunis ; Directeur, Centre de droit international et européen (CDIE) 233. Svetlana ZASOVA, Maître de conférences en droit des conflits armés associée à Sciences po, chercheure associée à l'IREDIES - École de droit de la Sorbonne

ASSISTANTS / CHERCHEURS / DOCTORANTS ASSISTANTS / RESEARCHERS / PH.D. CANDIDATES

1. Mumbala ABELUNGU Junior, Doctorant, Universiteit Gent 2. Ezéchiel AMANI CIRIMWAMI, Doctorant en droit international et chercheur à la faculté de Droit et de criminologie, Vrije Universiteit Brussel 3. Jelena APARAC, ATER, Université Paris Ouest Nanterre 4. Marco BENATAR, Research Fellow, Max Planck Institute Luxembourg for International Law; Researcher, Department of International and European Law, Vrije Universiteit Brussel 5. Issam BENHSSINE, Doctorant, Université Hassan II Ain Chock, Casablanca, Maroc. 6. Eric BILALE, assistant à l'Université Protestante au Congo 7. Gertjan BOULET, Ph.D. Candidate, Vrije Universiteit Brussel 8. Carlos Eduardo de Castro e Silva CARREIRA, Researcher, University of São Paulo 9. Moez CHARFEDDINE, Doctorant, thèse déposée, en attente de soutenance, Université de Carthage 10. Samson DABIRE, Doctorant, Assistant d’enseignements et de recherches-, Université de Genève 11. Habib Ahmed DJIGA, Chargé d'enseignement, Doctorant en Droit International, Université Ouaga II, Burkina Faso 12. Abir EL MEKKI, Doctorante, Université Tunis El Manar 13. Michel ERPELDING, Research Fellow, Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law 14. Rana ESSAWY, Teaching Assistant, Alexandria University (Egypt) 15. Sina ETEZAZIAN, PhD student, Monash University 16. Manuel EYNARD, Doctorant contractuel, Universités de Nice Sophia-Antipolis et de Genève 17. Jérémy HALL, Doctorant, Université Grenoble-Alpes 18. Marie-Laurence HEBERT-DOLBEC, Doctorante, Université libre de Bruxelles 19. Aymeric HECHE, Doctorant, Université de Neuchâtel 20. Alexandra HOFER, Doctorante, Universiteit Gent 21. Aziah HUSSIN, LLM Candidate, University College London 22. Arnaud Duclair KOTSAP MEKONTSO, Master II professionnel en Relations Internationales, option Contentieux International, Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) 23. Oumar KOUROUMA, Doctorant, Université Abdel Malek Essaâdi (Maroc) 24. Patryk LABUDA, PhD Candidate, Graduate Institute Geneva 25. Jinan LIMAM, Doctorante, thèse déposée, en attente de soutenance 26. Arnaud LOUWETTE, Assistant, Université libre de Bruxelles 27. Rachel LUCAS, Doctorante contractuelle, Université de Paris Ouest Nanterre, La Défense 28. Jean-Baptiste MAILLART, Doctorant, Université de Genève 29. Andrei MAMOLEA, PhD Candidate, Graduate Institute Geneva 30. Camille MARQUIS BISSONNETTE, Candidate au doctorat en droit, Université Laval 31. Raphaël MAUREL, ATER, Université d'Auvergne 32. Nidhal MEKKI, Doctorant, cotutelle, Université de Carthage - Université Laval 33. Yda Alexis NAGALO, Doctorant en droit international de l'environnement, Université Ouaga II, Burkina Faso 34. Providence NGOY WALUPAKAH, Doctorant en droit, Université de Genève 35. Sophie RONDEAU, Doctorante, Université de Genève 36. Jedsarit SAHUSSARDUNGSI, LLM candidate, University College London 37. Dorra SAMMOUD, Doctorante, Université de Carthage 38. Bérénice K. SCHRAMM, Chercheure postdoctorante FNS, SOAS, Londres, UQÀM, Montréal 39. Elisabeth SCHWEIGER, PhD Researcher, Politics and International Relations, University of Edinburgh 40. Alexandre SENEGACNIK, Doctorant, Sciences Po Paris 41. Bettina STEIBLE, Doctorante, Université Autonome de Barcelone 42. Amine THABET, Doctorant, thèse déposée, en attente de soutenance, Université de Carthage 43. Sâ Benjamin TRAORE, Doctorant Boursier FNS en droit à l'Université de Neuchâtel, Suisse 44. Marusa VEBER, Assistant and PhD Candidate, University of Ljubljana 45. Agatha VERDEBOUT, Doctorante, Université libre de Bruxelles 46. Elodie WEIL, Doctorante, Chargée d'enseignement et de recherche, Université de Cergy-Pontoise 47. Laurent WEYERS, Assistant, Université Libre de Bruxelles. 48. Nadia WU-TIU-YEN, Doctorante, IEHI, Université d'Aix-Marseille ; Chargée d'enseignements, Université de la Réunion 49. Ka Lok YIP, PhD student, Graduate Institute of International and Development Studies 50. Christian ZAN, Doctorant, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan



La presente nota fue publicada el 27/07/2016 en el sitio jurídico La Voz del Derecho y el 26/07/2016 en el sitio jurídico especializado DIPúblico, así como en Hablando Claro, Alainet y en Informa-tico. El 25/07/2016, lo fue en el sitio jurídico especializado DerechoalDia, así como en Elpais.cr. En una versión más abreviada, en Periodistas-es.org y en Pressenza el 25/07/2016. Esta última versión fue traducida al francés, inglés y griego en el mismo sitio de Pressenza.